El Tribunal aplicó, además, a Tobar Olivares las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida y le ordenó mantener vigente el contrato en los términos pactados y otorgar la cobertura convenida.
El texto, remitido a segundo trámite, busca subsanar en la legislación nacional la ausencia de regulación legal de las acciones protectoras de derechos fundamentales.
Desde la Fiscalía señalaron que no existe un criterio establecido. Sin embargo, indicaron que se implementará un protocolo de búsqueda en el que se encuentran trabajando. La PDI, por su parte, informó que existe un protocolo desde 2011 para abordar las presuntas desgracias y manifestó que están abiertos a modificarlo ante la evolución de estos casos.
La propuesta, inspirada en casos como el de Nibaldo Villegas, asesinado el año pasado y cuyo cuerpo fue mutilado para ocultar el crimen, sanciona el ultraje de cadáveres y sepulturas.
En este informe, la Comisión contextualiza y define los derechos de las personas desplazadas internas y una serie de estándares interamericanos en la materia.
Las senadoras avanzaron en la construcción de una nueva figura en el Código Penal y en la próxima sesión esperan terminar de precisar las circunstancias en que se cometería ese delito.
El máximo Tribunal desestimó la acción judicial, tras establecer que la recurrida actuó dentro de sus competencias legales.
Análisis sobre la relación entre el poder político y el poder jurisdiccional, entre voluntas y ratio.
La actividad se realizará los días jueves 17 y viernes 18 de octubre de 2019.
