El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso entablado en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado, por estar mal formulado.
El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por extemporánea, pero ordenó a las recurridas coordinar acciones y adoptar las medidas conducentes a evitar nuevos eventos.
La Comisión Experta estará conformada por 24 personas elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.
El principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia obliga al sentenciador a resolver el conflicto, no pudiendo excusarse en la inexistencia de reglas en el procedimiento no contencioso que permitan solicitar la rectificación de inscripciones.
Empresa demandada venía condenada a pagar más de un millón de pesos a título de daño emergente por la venta de un departamento con deficiencias estructurales, en circunstancias que por dicho ítem el demandante sólo pedía el resarcimiento de $530.000.-
Las sumas adeudadas de las cotizaciones previsionales a un ex trabajador constituyen un ilícito penal, por lo que la orden de arresto impugnada no vulnera la libertad personal del amparado, debido a que persigue el pago de montos que la ley considera para la alimentación del trabajador una vez pensionado.
No se cumplió con informar la naturaleza de la figura de manera suficiente, a fin de que la parte consumidora ponderara el riesgo y contara con la información necesaria para colegir que lo estaba asumiendo. En consecuencia, es claro que la redacción de las cláusulas referidas no permitía anticipar los riesgos que entrañaba la obligación pecuniaria asumida, de modo tal que las condiciones de pago no estaban suficientemente explicitadas en ellas.
Con una pena de presidio mayor en su grado mínimo.
Acreedor señaló bienes para la traba luego de tres años de decretado el embargo, en el periodo intermedio, solicitó el desarchivo y copia de las piezas del proceso, actuaciones que el máximo Tribunal consideró como no aptas para perseguir el cumplimiento forzado de la obligación, confirmando el abandono del procedimiento.
Sin embargo, el Contralor aclara que para esto se deberá dejar expresamente estipulado que los respectivos datos solo podrán ser utilizados para los fines descritos en el artículo 10 de la Ley 19.628.
