muy al contrario de repudiar o impugnar, la hija ahora actora aceptó en su momento la legitimación, ya sea expresa, ya sea tácitamente, en los términos del texto entonces vigente del artículo 210 del Código Civil, cuyo correlativo actual se encuentra en el artículo 192 del mismo Código.

importa en los hechos pretender resolver unilateralmente y por sí misma, una controversia que sólo puede ser resuelta por los tribunales de justicia, con lo cual también se vulnera la disposición del artículo 19 Nº 3, inciso 4º de la Carta Fundamental

que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden fluye que la recurrida, al poner término a la contrata del recurrente en la forma que lo hizo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones

el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado, toda vez que no se mencionan con meridiana claridad los hechos relacionados con la gestión judicial pendiente, cuestión que hace ininteligible para esta Magistratura el conflicto de constitucionalidad que se plantea.

“las reflexiones que anteceden conducen a concluir que la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en los errores de derecho que se atribuyen por el impugnante, razón por la cual el recurso deducido debe ser desestimado”.

el presupuesto constitucional básico para que proceda la definición de servicio público es la propia condición de publicatio de la actividad universitaria, cuestión que se puede deducir, pero que, en gran medida, ha sido entregada al propio legislador.

la “información relacionada con el número de placa patente de un vehículo perteneciente a persona natural identificada o identificable y, específicamente tratándose de los delitos de robo de que dicho vehículo hubiere sido objeto, en tanto permite ser asociado a dicha persona, constituye un dato personal de ésta»

es el propio recurrente quien no ha utilizado los caminos correspondientes para poder acceder a un trabajo como docente

que corrobora el rechazo de esta acción constitucional, el hecho de que ésta, en el presente caso, ha sido utilizada como un sustituto jurisdiccional de recursos y procedimientos tanto administrativos como judiciales que la ley ha previsto para reclamar de las multas que la autoridad del trabajo

“es un hecho público y notorio la existencia de numerosas prácticas que tienen por objeto precisamente burlar la prohibición legal”.