No existe obligación de interpretar la legislación penal siempre en un sentido favorable al imputado, ya que ello iría en contra de lo dispuesto en el artículo 23 del Código Civil, refiere el voto en contra.

La propia redacción de la norma en análisis no restringe, ni limita, la concepción de mujer en el sentido amplio que se ha indicado, por lo que no se divisa razón para entender que ésta queda excluida del señalado tipo penal, especialmente si dicha exclusión puede llegar a constituir un eventual trato discriminatorio, refiere el voto en contra.

Los animales no humanos, en especial los que han sido domesticados, son seres sintientes, que extrañan, que sufren y que adquieren costumbres, por lo que resulta indudable que el cambio que produce la separación de los cónyuges y la alta conflictividad, los afectará también.

La sentencia recurrida incurrió en una errónea aplicación del artículo 196 de la Ley 18.290, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la misma, al haber impuesto la sanción de suspensión de la licencia de conducir por 5 años, en circunstancias que no procedía considerar la anterior ocasión a la comisión del delito de marras. La Ley N°20.580 que modificó la Ley de Tránsito se publicó el 15 de marzo de 2012 y la condena era anterior.

La disposición requiere un nexo con la seguridad nacional de Canadá. Puede invocarse para declarar inadmisible a una persona sólo cuando sus “actos de violencia que pondrían o podrían poner en peligro la vida o la seguridad de las personas en Canadá” tienen un nexo con la seguridad nacional del país. La autoridad no alegó que los apelantes hayan participado en actos de violencia relacionados.

Modifica la ley SANNA que creó un seguro obligatorio para trabajadores que sean padres o madres de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, para que puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, con el objeto de prestarles atención, acompañamiento o cuidado.

Estamos ante la presencia de un daño ambiental colectivo. Por ello si en la comisión de un daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación ante la sociedad, sin perjuicio en su caso del derecho de repetición entre sí.

La Primera Sala de alzada acreditó que el contenido de las publicaciones vulneran el derecho a la honra y crédito personal de los propietarios de la empresa.

La Sexta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la municipalidad al efectuar los descuentos, pues está en proceso de revisión la apelación al rechazo de los permisos por enfermedad.

Los reclamantes, dos vecinos de la comuna, acudieron al Tribunal luego que el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la reclamación administrativa que habían interpuesto en contra de la RCA que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la iniciativa de generación de energía eléctrica. Ambos, además, participaron como observantes durante el periodo de participación ciudadana (PAC) de la evaluación del proyecto.