«Las leyes procesales, como normas de orden público, deben ser acatadas estrictamente tanto por los litigantes, como por los jueces, de modo que no es procedente prescindir de las formas y plazos que la legislación contempla, ni sustituir sus exigencias, salvo disposición expresa que así lo autorice, lo que hace imperativo sancionar el incumplimiento de la formalidad omitida por el recurrente”.

La recurrente fundó su recurso de nulidad sustancial en la infracción del artículo 41 N° 5 de la Ley de Rentas Municipales y de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código Civil.

“es dable recordar a la autoridad alcaldicia, en conformidad con la normativa y jurisprudencia antes anotadas, su obligación de dar cabal y oportuna respuesta a las solicitudes de información que le sean presentadas, debiendo aclarar que, en todo caso, a diferencia de lo planteado por la señora Zevallos Zúñiga, no se advierte que en el requerimiento de información de que se trata, esta haya consultado específicamente a la entidad edilicia sobre la posibilidad de otorgamiento de una patente de alcoholes”.

Don Luciano Cruz-Coke Carvallo, se agrega, se vale de una interpretación contraria a derecho y ventajosa exclusivamente a su persona respecto a la jurisprudencia del órgano contralor sobre el rango de ministro, con el exclusivo objeto de evadir su calidad, en el hecho, de Ministro de Estado e inscribir su candidatura al Parlamento.

“no es posible atribuir a la Tesorería General de la República el despliegue de una conducta que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, por cuanto la disposición antes referida le concede expresamente la facultad para efectuar la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario, cuyo es el caso de la recurrente y la Tesorería ha sujetado su actuar a la autorización legal y a la información entregada por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María”.

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 53, inciso tercero, y 192 del Código Tributario, y artículo 5° de la Ley N° 20.630.La gestión pendiente invocada incide en autos administrativos de la Tesorería Regional de Concepción, de que conoce vía recurso de hecho actualmente la Corte de Apelaciones […]

«el recurrente de protección carece de un derecho indubitado respecto de la prestación de invalidez por enfermedad profesional de la Ley N° 16.744 y que lo legitime para reclamar por esta vía cautelar…»

«es posible concluir que a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le corresponde fiscalizar el cumplimiento de todas las materias normadas por el ordenamiento eléctrico, el cual está constituido por un conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y técnicas”

«para tener derecho a los beneficios de carácter previsional por gracia que establece, es menester que las personas que opten por aquellos cumplan los siguientes requisitos…»

La gestión pendiente invocada incide en un juicio ordinario de primera instancia, seguido ante el Juzgado Civil de Casa Blanca.