Se señala que a través de dictamen N° 75.756, de 2016, se determinó que el municipio debía requerir la autorización para regularizar la administración de las concesiones marítimas que había cedido a terceros particulares, lo cual se encuentra en trámite.

Para el caso que se declare admisible, le corresponderá al Tribunal Pleno emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El dictamen expresa que la institución se encontraba facultada para incorporar en sus respectivas bases un criterio de incentivo del empleo a nivel local o nacional.

La recurrente consideró vulnerado el derecho de propiedad.

Concluyó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la actora, puesto que la principal característica de este tipo de vinculación es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades temporales de la entidad administrativa.

El máximo tribunal consideró vulnerado el derecho constitucional de igualdad ante la ley.

El máximo Tribunal ordenó a Sodimac pagar a la demandante Agurtoh Sistemas de Seguridad Ltda., empresa con la que suscribió un contrato mantención de los sistemas de detección de incendios en 11 centros de distribución de la empresa de venta de materiales de construcción.

La directora jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera, valoró ante los diputados la iniciativa, no obstante manifestó sus dudas frente a la creación de direcciones de transparencia que propone el proyecto del Ejecutivo, ya que no promovería una respuesta más uniforme.

La decisión fue adoptada con la prevención de los Ministros Aránguiz y Prado.

El Tribunal tuvo por acreditada la vulneración a la integridad psíquica de la demandante.