El IND fue condenado a pagar el total del presupuesto del contrato, al proveedor de los alojamientos y la alimentación para la final de las “Ligas Deportivas de Educación Superior”, que se celebrarían entre el 25 de octubre y el 9 de noviembre de 2019. La magistratura estimó que el ente incumplió el contrato al no terminarlo anticipadamente, estando en conocimiento de que el evento no se realizaría debido a la crisis social que atravesaba el país en ese momento.

La Corte Suprema confirmó la decisión de los jueces de fondo, de indemnizar por daño moral a una víctima que no se encuentra reconocida como tal por el informe Valech, pero que pudo ser situada por testigos al interior del Estadio Nacional hasta el 24 de septiembre de 1973. La Corte indicó que la obligación de reparar el daño causado no es excluyente respecto de quienes no aparezcan en la nómina de la Ley Nº19.992.

El demandante actuó en virtud de las facultades conservativas que se reconocen a los miembros de la comunidad hereditaria, para efectuar todas la acciones tendientes a la recuperación del patrimonio social, por lo tanto, el recurrente no puede indicar que la contraparte actuó sin poseer legitimación activa.

El suministro de energía eléctrica no solo es un deber en cabeza del Estado por tratarse de una manifestación de los fines esenciales del Estado que se orientan a la consecución del bien común y el bienestar general, sino que debe ser garantizado por su conexidad con derechos fundamentales dispuestos en la Constitución.

La recurrente acusó la omisión a las reglas de la lógica y máximas de la experiencia por parte de la magistratura, pero no puntualizó a cuáles reglas en concreto se refería, lo que impide a la Corte Suprema analizar el reclamo de nulidad respecto de una presunta infracción al artículo 16 de la Ley de Propiedad Industrial.

Vínculo contractual entre la demandante y el municipio de San Ramón no puede ser considerado de carácter estatutario, al verificarse la existencia de cumplimiento de horarios, sujeción a autoridad, y el desarrollo de actividades propias del fin de la Municipalidad en favor de los vecinos, lo que evidencia la existencia del vínculo de subordinación y dependencia, en virtud del principio de primacía de la realidad.

Por lo que respecta a la persistencia del incumplimiento una vez finalizado el período transitorio, no sería suficientemente disuasoria ni permitiría alcanzar, por tanto, el objetivo de prevenir de modo efectivo que se repitan en el futuro infracciones análogas del Derecho de la Unión. Por consiguiente, procede partir del PIB del Reino Unido considerado en su totalidad con respecto a todo el período de la infracción a fin de determinar su capacidad de pago.

En fallo dividido, la Quinta Sala del tribunal de alzada no hizo lugar a la acción constitucional presentada por el abuelo materno, tras establecer que el tribunal obró en ejercicio de sus facultades dentro del ámbito de su competencia, pues la madre ya había incumplido el régimen de visitas en reiteradas oportunidades.

La Primera Sala del máximo tribunal escartó infracción en la sentencia que acogió la demanda.

La Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Osorno que, además, condenó a Mazda y la empresa concesionaria a pagar 5 millones de pesos por concepto de  reparación o reemplazo de partes defectuosas del vehículo (airbags) y al pago de una multa a beneficio fiscal de 50 UTM por infracción a la ley del consumidor.