Las labores desempeñadas por el actor no correspondían a un cometido específico, dada su extensión temporal y por tratarse de actividades propias y permanentes del servicio.
Si bien la necesaria información a los pacientes o sus parientes es una obligación legal, su omisión o insuficiencia informativa no implica necesariamente que se hubiere afectado o vulnerado el derecho fundamental a la salud de las personas. No se vulneró la Ley N°20.422.
La iniciativa pretende establecer una verdadera medida de apremio que ofrezca una solución permanente contra el incumplimiento de las obligaciones de alimentos.
El máximo Tribunal acogió la acción cautelar presentada en contra de las «Bases de Licitación Pública, Nacional e Internacional, para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio», al considerar que en la especie no se cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley.
En poco más de dos horas el Presidente Gabriel Boric anunció la priorización y el envío de una serie de proyectos de ley al Congreso, entre las que se cuenta la reforma al sistema previsional, un Fondo Universal de Salud, un sistema de financiamiento para la educación superior y un sistema nacional de cuidados.
La Sala debatió respecto del llamado hecho por el líder de la CAM a organizar una resistencia armada.
Esto, luego de que el Senado respaldara en segundo trámite, el texto sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
El requirente alega que la disposición impugnada transgrede las garantías de igualdad ante la ley y debido proceso.
El máximo Tribunal estima que la recurrida no tuvo en consideración las circunstancias que afectaron al personal médico de primera línea, e impuso arbitrariamente exigencias académicas excesivas.
El requirente alega que la imposibilidad de apelar resoluciones dictadas en el procedimiento de cobranza produce efectos inconstitucionales en la gestión pendiente.
