Se aplicó el criterio asentado en el Dictamen N°22.766/20162016 e Instructivo N°E156769N21 de la Contraloría General de la República, que determinan que la confianza legítima en las contratas se genera a partir de la segunda renovación anual.

Los montos se muestran claramente exiguos si consideramos que los contratos de transporte de pasajeros y carga internacional tiene un alto costo para el consumidor, con lo cual los montos indemnizatorios no pueden estar desconectados de la realidad del mercado al cual aplican. Cuando ello ocurre, el tope indemnizatorio deviene irrazonable, y así debe declararse si las circunstancias del caso justifican condenar al responsable al pago de una indemnización que lo supere.

El afectado puede recurrir a los recursos de reposición y jerárquico, previstos en la Ley 19.880, o incluso, invocar el silencio positivo. Por lo que no es dable una afectación, vulneración o privación de los derechos invocados, indica el máximo Tribunal.

La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Fue condenado por el delito de conspiración sediciosa. Si bien no irrumpió en el Capitolio y culpó a sus seguidores por las acciones tomadas, la evidencia da cuenta que participó activamente en la planeación del asalto. La investigación por estos hechos sigue en curso.

El fallo judicial marca un precedente en la jurisprudencia italiana, al reconocer por primera vez el derecho a la imagen de una obra arte. De esta forma se ha prohibido expresamente el uso de la escultura para fines publicitarios o de edición de su imagen.

Busca entregar certeza jurídica para permitir el uso estratégico de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.

La imposición de costas al vencido constituye una regla general, un principio objetivo por la derrota en el proceso incoado, cuyo apartamiento es excepcionalísimo; debe ser fundado y de interpretación restrictiva. No hay argumentos suficientes que permitan invertir en el presente caso el principio general de aplicación de las costas al vencido.

¿Cuál es el aporte de la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte IDH, relativa a los enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad?

A través de dos resoluciones, la Cámara pidió al Ejecutivo abordar la situación de los recintos penales y la realidad carcelaria vigente