El Tribunal de alzada revocó los fallos de primera instancia, que habían rechazado las demandas, y estableció responsabilidad del Estado en la muerte del geógrafo Felipe Adrián Herrera Urrutia y del funcionario Pedro Nibaldo Nahuelcar Parra.
El máximo Tribunal aplicó una multa de 400 Unidades de Fomento al casino.
El Tribunal acogió la demanda presentada en contra de la empresa Comercializadora Madera Viva Limitada por vulneración de los derechos laborales y a la no discriminación, y lesionar el derecho a la vida e integridad física y síquica de la trabajadora.
En el acta de Pleno se informa que tras el análisis anual que deben realizar las instituciones, se acordó mantener la ampliación de los sujetos pasivos dentro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial contenida en el artículo 2o del Acta N° 11-2015.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo presentados en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que descartó responsabilidad del centro comercial en el accidente fatal.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario en el fallo impugnado, dictado por la Corte de Apelaciones de La Serena, que condenó a la aseguradora.
El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Panamá por las graves violaciones de los derechos en perjuicio de 109 personas, quienes fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, presuntamente atribuibles a elementos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Para el desarrollo de esta discusión en la instancia, dada la conclusión del capítulo que abordó las normas antielusión, el Ejecutivo ingresó 63 indicaciones que afectan al impuesto a la Renta y al IVA.
La instancia recibió la exposición de los representantes del Ejecutivo, la cual continuará el jueves, ocasión en que se espera también concretar la votación en aquellos artículos que son de su ámbito de competencia.
La iniciativa propone un nuevo sistema de financiamiento para la Defensa Nacional de carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y a la Contraloría, derogando la Ley del Cobre.
