Es al órgano jurisdiccional, dentro de las facultades inquisitivas que van ínsitamente vinculadas a estos arbitrios, a quien concierne exclusiva y excluyentemente determinar respecto de quién se otorga la protección, y el cómo, el cuándo y la forma en que materializará la misma.

La resolución se encuentra ajustada a derecho y ha sido dictada por tribunal competente dentro del marco de sus atribuciones y sin incurrir en ilegalidad alguna a la luz de lo dispuesto en el artículo 142 del Código Procesal Penal.

El denominador común de todo acto violatorio es la confusión: si hay posibilidad de confusión hay violación de exclusividad. También lo es si quien la efectúa a pesar de no causar confusión se beneficia de alguna manera del prestigio que goza la marca registrada. La confusión comprende todo acto que permita crear en la mente del consumidor una asociación de cualquier índole entre la marca registrada y la usada indebidamente.

La recurrente acusó que la divulgación del petitorio en redes sociales por el Centro de Alumnos atenta contra su derecho a la honra y a no ser juzgada por comisiones especiales. La magistratura estimó que las solicitudes de los estudiantes conllevan el ejercicio de la libertad de emitir opinión, informar y presentar peticiones a la autoridad, por lo que el hecho denunciado no es arbitrario ni ilegal.

El máximo Tribunal revocó el fallo de la Corte de Valparaíso e hizo lugar a la acción cautelar, al estimar que la recurrida no respetó la igualdad ante la ley del actor, sancionándolo con la expulsión sin efectuar una adecuada relación de las normas quebrantadas por el recurrente, por lo que invalidó el castigo y ordenó una nueva investigación administrativa.

El objetivo de este bloqueo geográfico era impedir que los videojuegos, distribuidos en determinados países a bajo precio, fueran adquiridos por distribuidores o usuarios situados en otros países en los que los precios son muy superiores.

El letrado pactó un pago del 10% del monto que lograra recuperar al cobrar tres facturas, deuda que se saldó el 2016 con el pago de 250 millones de pesos que el actor logró cobrar a una entidad pública a la que la demandada emitió tres facturas.

Los ministros recurridos confirmaron la resolución de primer grado que no dio curso a la tramitación de una demanda de despido injustificado, esgrimiendo que el actor al presentar una medida prejudicial anunció la interposición de una tutela laboral, y en subsidio, la acción de despido improcedente, ejerciendo finalmente solo ésta última, lo que el sistema no habilita.

Las imágenes difundidas donde se observa a funcionarios penitenciarios en el ámbito de sus funciones en el contexto de la posible comisión de un delito contra una persona a su cargo, determina un desplazamiento del derecho a la intimidad en favor del deber estatal de investigar y sancionar la posible comisión de crímenes, máxime cuando pueden importar – como en este caso – graves violaciones de derechos humanos.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado pidió la restitución de una porción de terreno donde se emplaza un campamento, sin embargo, no singularizó la totalidad de la superficie del predio que le pertenece, ni la porción que reclama ocupada por el demandado -quien además posee un título inscrito-, por lo tanto declaró que la acción de precario es improcedente.