Al tratarse de una facultad discrecional de la autoridad, se debe ponderar las razones de buena administración procedentes para su ejercicio, a fin de asegurar la continuidad de los servicios.
El municipio alegó que el prestador original de los servicios cedió la factura a la ejecutante, con el único fin de dañar patrimonialmente las arcas municipales, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al no acreditarse en juicio la ilegalidad del título ni de la obligación contenida en él.
No concurren los requisitos necesarios que permitan instar esta jurisdicción mediante un procedimiento colectivo. De un lado, pues el interés individual de los asociados a la Cámara accionante, considerado aisladamente, justificaría la promoción de una acción con igual objeto que el aquí planteado y, por lo tanto, no se advierte que los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir puedan ver afectado su derecho de acceso a la justicia.
El máximo Tribunal, estimó que al momento del despido la notaria suplente infringió la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, al revisar las conversaciones de whatsapp que la funcionaria mantenía en uno de los computadores de la oficina con el anterior notario.
“Quien, en contra de la voluntad de otra persona, afectando con ello gravemente las condiciones de su vida privada, insistentemente la siguiere, intentare establecer contacto con ella o llamare a su teléfono o le enviare comunicaciones”.
Los legisladores otorgaron al Congreso un poder considerable para regular el comercio interestatal y adelantarse a las leyes estatales que sean contrarias. Si bien esta Corte ha inferido una regla adicional ejecutable judicialmente contra ciertas leyes estatales adoptadas incluso cuando el Congreso no se pronuncia, la jurisprudencia sugiere también una extrema precaución en su ejercicio.
La requirente estima que la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente coartan el ejercicio de su garantía constitucional a la libertad de expresión.
El supuesto que fundamentaba la petición de protección ha sido satisfecho por la recurrida, al indicar que va elaborar un Reglamento para investigar hechos y/o conductas de acoso sexual y de violencia de género.
Aceptarlo importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige.
Los detalles del caso se han mantenido bajo reserva, ya que el juzgamiento se llevó a cabo a puertas cerradas. El condenado es un gestor cultural y dirigente de organizaciones de expatriados chinos residentes en Estados Unidos, que fue detenido en 2021 por las autoridades de China
