La PDI le informó en el aeropuerto que la niña no podía viajar a México por no estar apostillada la autorización del padre, pero ella decidió de todas formas viajar a México y abandonar a su hija lo que motivo su detención.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Flores Cañas, tras descartar que la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, se hubiese adoptado con infracción de ley. 

No hace falta un «conocimiento» técnico en estos casos, sino atendida la lógica que debe ser aplicada y la claridad de qué si se verifica la extensión de fecha a fecha de la privación de conducir, ambas están incluidas. Lo mismo ocurre cuando se impone una pena de alejamiento o prohibición de comunicación en los hechos de violencia doméstica o de género.

El máximo Tribunal estableció error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al rechazar la acción.

El máximo Tribunal descartó infracción a la reglas de la prueba en el fallo impugnado.

El Tribunal de alzada ratificó íntegramente la sentencia impugnada.

Como regla general en el derecho de familia canadiense, el interés superior de los niños se mide desde la perspectiva de los niños y es la consideración primordial para todas las decisiones que les conciernen. Si bien separar a los niños pequeños de su principal cuidador ciertamente podría causarles daño psicológico, no siempre alcanzará el nivel de “daño grave” requerido por la norma. El juez de primera no cometió ningún error revisable al decidir que no se alcanzó este nivel.

Según la resolución aprobada, la instancia estaría destinada a elaborar políticas, planes y programas para la prevención y control de trastornos mentales.

La prescripción de corta duración establecida para la acción de dominio del artículo 26 del D.L. N°2695, se interrumpe con la notificación de la demanda, y no con su interposición, por lo que la demandante adquirió la propiedad regularizada mediante prescripción adquisitiva.

Trabajador Social contratado a honorarios a suma alzada, prestó durante años sus servicios bajo régimen de subordinación y dependencia, evidenciando que la relación contractual bajo el principio de primacía de la realidad correspondía a una de índole laboral, y no a prestación de servicios.