El Tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, que condenó al municipio por falta de servicio y le ordenó pagar a la demandante la suma de $2.000.000 a título de daño moral.
La requirente estima que la sanción establecida es desproporcionada y vulnera el debido proceso al no permitir instancias para controvertirla.
El recurso de casación en el fondo es inviable, pues se alza contra los hechos asentados por los jueces de instancia, los cuales han quedado inamovibles para esta judicatura.
Los hechos denunciados eventualmente podrían constituir vulneración de garantías constitucionales tuteladas por el artículo 20 de la Constitución.
Se denuncia que la recurrida se ha atribuido facultades que no les han sido otorgadas, por cuanto el constituyente estatuyó una forma determinada para la aprobación de las normas constitucionales.
La requirente estima que la disposición en el caso concreto se está aplicando de forma contradictoria a los fines de la norma, estableciendo una sanción desproporcionada que vulnera garantías consagradas en la Constitución.
Cualquier acto corrupto se constituye en un claro obstáculo para el desarrollo de toda la comunidad.
El arbitrio no reprochó la infracción de las normas que instauran y regulan la prescripción extintiva de acciones contenidas en el Código Civil.
Dadas las circunstancias excepcionales provocadas por el virus Covid-19, no se puede reprochar al recurrente por no urgir la remisión de un proceso al Tribunal Superior.
Una interpretación contraria implica una vulneración de los principios básicos que gobiernan un Estado de derecho.
