No parece razonable exigirle al Estado que deje sin efecto el acto administrativo con ocasión de la protección a la familia, si fue el propio amparado el que la desatendió y no procuró resguardar.
El nieto sostuvo que su abuelo -que falleció en 2007- cuenta con inscripción del certificado bautismal por lo que se le puede reconocer la nacionalidad chilena de forma póstuma, no obstante, la magistratura desestimó la inscripción por falta de acreditación de los vínculos nacionales de su ascendiente, que emigró siendo niño a Perú con su familia y nunca se mostró interesado en volver a Chile, o vincularse mayormente con el país.
Las autoridades nacionales eran muy conscientes de los acontecimientos narrados, por lo que deberían haber previsto los riesgos, dadas las actitudes hostiles de sectores de la sociedad rusa hacia la comunidad LGBTI. Además, deberían haber aprobado las manifestaciones con antelación para contar con el tiempo necesario para implementar las medidas de seguridad necesarias.
La Corte de Valparaíso revocó el fallo de primer grado que rechazó la demanda principal de reivindicación y acogió una reconvencional de prescripción adquisitiva, y en su lugar, acogió la reivindicación; decisión que fue anulada de oficio por el máximo Tribunal, al observar que los jueces de fondo no consideraron la prueba que evidenciaba la falta de individualización de la porción que intentaba reivindicar el demandante, y que el demandado poseía de buena fe por más de cinco años.
La medida es considerada una represalia por la orden de arresto que la CPI emitió contra el presidente ruso Vladimir Putin y María Lvova-Belova, defensora de niños de Rusia, por la presunta comisión del crimen de guerra de deportación ilegal y traslado ilegal de población.
En lo que se refiere particularmente a los motores de búsqueda, la decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional, pues al vedar el acceso a dicha información se impediría la concreción del acto de comunicación, por lo que ello configura una medida extrema.
No basta para tutelar el derecho de defensa la designación de los correspondientes profesionales, sino que la realización efectiva de este derecho requiere, proporcionar asistencia letrada real y operativa.
El exceso de velocidad momentáneo por sí solo puede establecer la mens rea por conducción peligrosa. Una persona razonable habría previsto el riesgo inmediato de alcanzar una velocidad de casi tres veces el límite mientras aceleraba hacia una intersección importante de la ciudad. La conducta del recurrente en estas circunstancias es una marcada desviación de la norma.
La apreciación y calificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones es una cuestión de mérito que solo le compete determinar a la Comisión Evaluadora, salvo prueba en contrario.
No podemos calificar las faltas cometidas como si fueran continuadas, sino ante muchas faltas sucesivas o de una pluralidad de faltas que se repiten en el tiempo y, que fueron toleradas por la empresa hasta que decidió sancionar al trabajador, pudiendo haberlo hecho con anterioridad. Si el actor no fue sancionado cuando correspondía, la inactividad empresarial no puede favorecerlas.
