Al apartarse ostensiblemente de la función judicial que les fue asignada, los acusados irrumpieron en la confianza que les fue depositada por la comunidad e inclinaron la balanza de la justicia para responder a intereses particulares, cuando conforme a los deberes y principios que se extraen de las normas y doctrina citadas, les era exigible comportarse de manera eminentemente distinta, esto es con especial apego a las normas constitucionales y legales que regían el asunto sobre el que administraban justicia.

La circunstancia de encontrarse el funcionario haciendo uso de licencia médica por enfermedad profesional, obsta al libre ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad para pedir la renuncia de aquellos funcionarios de exclusiva confianza.

El demandado únicamente contestó la acción de cumplimiento forzado argumentando que no suscribió el contrato prometido debido a negligencia del demandante.

El acreedor intentó hacerse de un título al poseer un cheque caducado girado a nombre del deudor, eludiendo el procedimiento del artículo 434 N°4 del Código de Procedimiento Civil respecto dicho documento, lo que fue estimado como improcedente por el máximo Tribunal.

De hacerlo, la magistratura incumple su mandato de imperio estatuido en el artículo 7 de la Constitución, así como el principio de inexcusabilidad, debido a que es el órgano idóneo para determinar si un conflicto contractual es de naturaleza civil, o se le deben aplicar las reglas del Código del Trabajo.

Se rechazaron las alegaciones de la ANI que estuvo por negar la información al considerar que daría a conocer sus líneas de trabajo y funciones. El CPLT estimó que se trata exclusivamente de datos históricos y estadísticos, cuya entrega no repercute negativamente en sus actividades.

La recurrente adujo ser la anterior dueña de un departamento ubicado en la Comuna de Vitacura como antecedente para justificar su ocupación, argumento desestimado por el máximo Tribunal al carecer de la entidad suficiente para ser invocado como hipótesis de mera tolerancia, en virtud del inciso segundo del artículo 2195 del Código Civil.

La declaración de despido improcedente o injustificado, obliga al empleador a restituir los fondos descontados, en razón del artículo 13 de la Ley N°19.728.

El requerido, que actualmente cumple una pena de 9 años de reclusión por tráfico de estupefacientes en la cárcel de Arica, fue condenado por la Corte de Roma a la pena de 8 años de presidio luego de intentar ingresar cocaína en paquetes ocultos en el aeropuerto de Milán. Se dispuso la entrega diferida del actor una vez terminada su condena en Chile.

Los gobiernos por necesidad deben regular algunas áreas con reglas generales y otras con reglas más refinadas. La Constitución no obliga a la “exactitud matemática” en los regímenes locales de concesión de licencias, basta con considerar que la congestión fuera de los estadios deportivos es un mal que debe ser corregido, y una zona de exclusión de 300 pies es una forma racional de solucionar este problema.