La obra pretende buscar en nuestra historia institucional una tesis que justifique una constitucionalización de los Pueblos Indígenas chilenos.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional español ha amparado a un investigado penal al que se le impidió el acceso al expediente procesal al acordar su prisión provisional por estar decretado el secreto de las actuaciones judiciales.
Se negaba el derecho a ser indemnizadas a aquellas personas que habiendo sufrido prisión provisional posteriormente resultaban absueltas.
La Investigación concluyó que las violaciones constantes y deliberadas de los derechos humanos son la raíz de las abrumadoras tasas de violencia en Canadá contra mujeres y niñas indígenas y contra personas dos espíritus, lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, no-binarias, intersex y asexuales.
«Esperamos que su gobierno aborde estos grandes desafíos con determinación y que adopte sin demora los cambios que necesita el país para hacer de los derechos humanos una realidad», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo.
Se estimó que la autoridad recurrida desestimó dicha conveniencia ante las inconsistencias que se advirtieron del examen de los antecedentes que el recurrente presentó al efecto.
El recurso fue interpuesto invocando la causal del artículo 477 en relación con el artículo 160; y, en subsidio, la del literal b) del artículo 478; todas del Código del Trabajo.
La gestión pendiente incide en autos sobre casación en la forma y en el fondo de que conoce la Corte Suprema.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Copiapó.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Obras públicas, transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
