La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió el arbitrio constitucional, siendo dicha decisión confirmada sin modificaciones por la Corte Suprema.
Se advierte que la única sanción que la ley prevé por el incumplimiento de dicha exigencia es que tales carreras y programas no podrán acceder a los recursos del Estado.
El primer invitado que entregó su opinión sobre el contenido de este proyecto, fue el director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, Raúl Atria.
La Comisión instó al Estado a investigar de oficio y con la debida diligencia los hechos acaecidos en el respectivo centro educativo y a establecer las responsabilidades penales que correspondan.
La recurrente consideró que la declaración de ampliación de una zona típica constituía un acto arbitrario e ilegal.
La gestión invocada incide en querella seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago y actualmente pendiente, en virtud de la apelación impetrada por el requirente, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la obra Bustos realiza un análisis de la exigibilidad de los derechos sociales constitucionales y el papel que le cabe a la justicia constitucional en su protección.
Concluye el fallo arguyendo que no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores.
Cabe señalar que el mensaje establece la denominada “ley de cuotas” y pretende obligar a los partidos políticos a presentar un mínimo de un 40% de candidatos por género.
La Corte Suprema acogió el arbitrio de nulidad sustancial al estimar que, de acuerdo a los supuestos fácticos y jurídicos asentados en la sentencia de mérito, “la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica”.
