La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Silva y Maggi, quienes estuvieron por acoger el recurso.
La actividad de las autoridades señalada por la actora no tiene entidad para ocasionar una afectación directa de sus intereses.
Los recurrentes adujeron que la sentencia se dictó en abierta infracción de derecho y manifiesta falta de fundamento.
La gestión pendiente incide en autos arbitrales sustanciados ante el juez árbitro de derecho Christian Olguín Julio.
Los despidos se circunscriben al contexto de la disminución de las ventas de la empresa y la adopción de medidas para paliar tal efecto.
El ente edilicio deberá ordenar la reapertura del proceso sumarial en examen, y determinar la responsabilidad estatutaria de los servidores.
La gestión pendiente incide en un recurso de casación en el fondo, de que conoce la Corte Suprema.
La sentencia concluye manifestando que no se vislumbra la necesaria contradicción doctrinal entre los fallos a cotejar.
El organismo arguye que el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se han abstenido reiteradamente de tomar medidas significativas para garantizar que los autores de tales crímenes sean sometidos a un verdadero escrutinio.
El control, fiscalización y supervigilancia de la aplicación de la ley y su reglamento corresponde al Servicio Nacional de Pesca, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Autoridad Marítima, dentro del ámbito de sus competencias.
