El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional deducido por el docente al sostener que el actuar de la Superintendencia de Seguridad Social es ilegal y carece de razonabilidad y fundamentos suficientes.
El Tribunal de alzada acordó elevar a $30.000.000 el monto que se debe pagar el fisco a paciente que fue diagnosticada de epilepsia y tratada por más de 20 años por enfermedad que no padecía.
El Tribunal de alzada estableció que la información solicitada no se encuentra cubierta por reserva legal.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación de fondo deducido en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que confirmó la de primer grado que acogió la denuncia por infracción a la ley de pesca y ordenó al pago de las multas.
El máximo Tribunal estableció que yerran los recurridos al no considerar las horas extraordinarias, como asignaciones que tienen carácter de permanentes y no esporádicos.
El máximo Tribunal estableció que la administradora de fondos de pensiones actuó dentro de la norma legal vigente al denegar el retiro de fondos solicitado.
Se incurre así en una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral.
La gestión pendiente incide en autos sobre cobro de pagaré, en actual conocimiento de la Corte de Santiago, por recurso de apelación de incidente.
El máximo Tribunal señaló que, una demora como la expuesta transgredió la garantía constitucional del actor contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 21 y 24.
