El órgano fiscalizador expuso esto, en la medida que que se respeten a cabalidad los principios relativos a la probidad administrativa, imparcialidad y transparencia de la función pública.
La Corte de Puerto Montt señaló que, las facultades de la Comisión para aprobar, rechazar o proponer modificaciones al espacio costero marino, se encuentran contenidas en la ley 20.249, encontrándose su decisión debidamente fundada.
El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 1.
El máximo Tribunal señaló que, ninguna infracción de las disposiciones mencionadas en el recurso puede atribuirse a los sentenciadores.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo interpuestos en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió la demanda contra el BCI por incumplir obligación pactada de contratar seguro de invalidez.
El Tribunal estableció que la demandada no fundamentó la causal esgrimida para desvincular al trabajador en noviembre del año pasado.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de nulidad deducidos en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada rechazó con costas la reclamación deducida por Enel en contra de la resolución que la sancionó por tres infracciones detectadas en fiscalización realizada por el órgano regulador.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que confirmó la de primera instancia que estableció la falta de servicio del municipio.
La instancia recibió las declaraciones de una serie de persones representantes de diversos rubros.
