La Comisión indica que el caso se relaciona con la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002.
Asignaciones o beneficios de carácter permanente como las de colación y movilización deben ser consideradas en la base de cálculo de las indemnizaciones que se otorgan al trabajador con motivo de su separación de la fuente laboral.
El fallo señala que el procedimiento o testeo, aun cuando fuere susceptible de provocar irritación, fricción o molestia al pudor, no demuestra que haya dejado indicios que permitan avalar la posición del denunciante.
El ministro Cerda estuvo además por proceder de oficio a dejar sin efecto el contrato de arrendamiento suscrito por 99 años entre Cayuñanco y Tiznado en 1986.
Personas contratadas por la Administración del Estado que han suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios se rigen por la normativa laboral si concurren las condiciones previstas por el Código del Trabajo.
Muerte de peatón es responsabilidad del acusado que no conducía a velocidad prudente y no estaba en condiciones físicas y psíquicas aptas para reaccionar frente a la aparición intempestiva de la víctima que cruzó por un paso no habilitado y que también estaba en estado de ebriedad.
Se indica que el responsable de un accidente si existen trabajos en la vía mal señalizados, es quien esté a cargo de los trabajos en la carretera y quienes los ejecuten.
LyD indica que en la actualidad se han levantado voces que han detectado dentro de los principales problemas de la capacitación en Chile falencias en el diseño y focalización de los distintos programas, el modelo de la franquicia tributaria y la estructura administrativa del SENCE.
Estima que sus reformas judiciales anulan la independencia judicial y desafían la separación de los poderes. Mecanismo nunca había sido invocado en la historia de la Unión Europea.
El Tribunal considera que el artículo 135.2 que se reformó, y que el Gobierno español recurrió el pasado mes de julio, es constitucional.
