El máximo Tribunal establece que el Ministerio no aquilató apropiadamente los antecedentes aportados por los recurrentes, quienes desean ingresar a Chile para realizar negocios.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Santiago que confirmó la resolución adoptada por el Undécimo Juzgado Civil de Santiago.
El deber de secreto trata de salvaguardar o tutelar el derecho de las personas a mantener la privacidad de sus datos de carácter personal.
El documento también busca ingresar cuanto antes proyectos de ley que permitan realizar las modificaciones que se encuentran pendientes, tales como la relativa a la sociedad conyugal o a la maternidad y paternidad asistida, entre otras.
El Tribunal ordenó el pago por concepto de daño moral de $50.000.000 a cónyuge de la víctima, y de $25.000.000 a hija, tras establecer que el caso constituye un crimen de lesa humanidad.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia recurrida que había acogido la acción judicial presentada, tras descartar actuar discriminatorio en la negativa a renovar permiso especial para discapacitados.
Se otorgó al requirente un plazo de tres días para completar antecedentes y subsanar el defecto.
Cuando un tribunal interpreta un contrato y le da determinado alcance, no vulnera la ley, sino que cumple cabalmente con las facultades de que lo ha dotado la ley.
Se rechazó el recurso de casación en la forma y se revocó la sentencia apelada, rechazando la demanda interpuesta.
Cabe recordar que el procedimiento tuvo su origen en la demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 57/1968.
