La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
Legisladores plantean que, al no cobrar el IVA a las familias que son objeto de subsidios del Estado, cuando los montos entregados tengan como destino la reconstrucción de sus viviendas afectadas por una emergencia o catástrofe, les permitiría gozar de una mayor cantidad de dinero para ese fin.
El secretario de Estado sostuvo que no esperaba recibir un informe falso de Carabineros, situación que calificó de inaceptable y condenable.
En la oportunidad se abordaron dos resoluciones, una que pedía al Gobierno iniciar un proceso de difusión del nuevo currículum escolar; que se rechazó; y otra aprobada, que propone reconsiderar la decisión tomada y volver a incluir en la malla base a Historia y a Educación Física.
El Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio en el extravío del cuerpo de funcionarios públicos.
La iniciativa tuvo su origen en mociones de senadores e incorporó la idea de crear una unidad especializada en los centros de estudio que prevenga y sancione estas prácticas.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia recurrida, que condenó a Hans Paul Wilke Cofré, a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en el fondo y anuló la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que hizo lugar a la restitución del inmueble.
La indagación recayó en el ministro Carlos Gajardo, quien indicó que «el pleno recibió una denuncia formulada por abogados de la plaza en el sentido en que en un tribunal se habría nombrado de manera reiterada a una persona como árbitro, lo que al parecer de los denunciantes, resultaba llamativo».
El Tribunal castrense revocó la sentencia apelada, tras establecer que no existen antecedentes para condenar al militar por instigación a la sedición o motín.
