La situación descrita constituye uno de los supuestos previstos por la Constitución para la procedencia de la acción de amparo.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El máximo tribunal revocó así el fallo de la Corte de Temuco.
Así, se dejó sin efecto el fallo impugnado, sustituyéndolo a continuación.
La Contraloría General destaca que la expresión «usuario» que emplea el artículo 9° del decreto ley Nº 3.063, de 1979, alude a la persona que se beneficia con el servicio de aseo (aplica dictámenes N° 65.536, de 2011, y 81.446, de 2016).
Confiar la actuación de un principio constitucional a una solución de tipo judicial, cuando la regla que se debería extraer de dicho principio sea incierta y controvertida, podría terminar violando el propio principio de igualdad.
El recurrente estimó vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
El órgano contralor recuerda que mediante su oficio N° 3.112, de 2018, la nombrada contraloría regional rechazó una solicitud de reconsideración del antedicho oficio presentada por la mencionada firma.
No le corresponde pronunciarse sobre las decisiones de la autoridad relativas a las competencias del personal, puesto que la evaluación y fijación de los perfiles o cualidades particulares que deba reunir la persona propuesta son aspectos de mérito.
En aquellos casos en los que el proceso aún no ha concluido por decisión que se pronuncie sobre la condena o absolución, resulta prematura la invocación de lesiones que podrían ser examinadas ulteriormente en el curso del proceso.
