El Tribunal de alzada razona que el recurrente parece olvidar la legislación que le es aplicable, el Decreto Ley 3.500, que instauró la capitalización individual a través de las diversas administradoras de fondos de pensiones.
El Tribunal de alzada descartó la procedencia de aplicar la figura de la prescripción, ya que al no realizarse el traspaso de los excedentes no se agotó el plazo que se prolonga en el tiempo.
El caso ha suscitado gran atención en los medios de comunicación en EE.UU. porque está en juego el alcance de la libertad de expresión.
La iniciativa le entrega nuevas facultades, establece un fortalecimiento a la carrera funcionaria y se fijan normas en el ámbito de la fiscalización que perfeccionan las facultades en materias de seguridad y salud en el trabajo.
Las personas defensoras de derechos humanos están particularmente expuestas a la violencia, siendo Honduras uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de los derechos humanos.
El recurrente estimó que se vulneraría la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona y García, quienes fueron del parecer de declarar inadmisible el requerimiento.
Los recurrentes estimaron que se vulneraría el derecho a la integridad psíquica.
La CS argentina declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada en cuanto declaró, con el alcance señalado, la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120.
El recurrente estimó vulnerado el derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a la honra.
