Como revela el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la represión mundial contra la sociedad civil, desde 2017 en todo el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Esta sentencia aprueba íntegramente los pactos entre cónyuges porque ninguno de ellos, como pactos dirigidos a la desvinculación económica de los cónyuges, fueron contrarios al interés de los hijos, ni se formularon con manifiesto abuso del derecho o fraude de ley.
En promedio, el gasto en medicamentos corresponde al 35,8% del gasto de bolsillo (y al 2,2% del gasto total del hogar), pero si se toma sólo a los hogares que gastan en fármacos (el 53,4% del total), esta proporción supera el 50%.
La recurrente indicó que se amenaza el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita.
Por concepto de gratificaciones, asignaciones y viáticos. Además se acogió el amparo respecto de los gastos por cuentas de servicios pagados por éste y su grupo familiar.
La facultad para calificar la calidad de los diplomas corresponde a las instituciones de educación superior.
La recurrente consideró vulnerados el derecho a la igualdad ante la ley, debido proceso y el derecho de propiedad, entre otros.
Dicha facultad puede ser ejercida respecto de multas e intereses penales generados retroactivamente al quedar ejecutoriadas sentencias que reconocen relación laboral con Administración del Estado y ordenan pago.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringirían los principios de juridicidad y supremacía constitucional.
El actuar de la EPS demandada desconoció lo previsto en el derecho internacional, la Constitución Nacional y la jurisprudencia.
