La gestión pendiente invocada incide en un proceso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en el cual la parte requirente es imputada.La actora estima que de aplicarse la preceptiva impugnada se infringe lo dispuesto f) del numeral 7° del artículo 19 de la Carta Fundamental, en cuanto al derecho a la no […]

«la iniciativa establece y regula la bonificación por retiro voluntario para los funcionarios municipales reglados por el Decreto Ley N° 3.551 y por la Ley N° 18.883, que fija el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que en el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2011 y el 30 de junio del 2014 hayan cumplido 60 años, en el caso de las mujeres, y 65 años, tratándose de hombres que cesen en sus cargos por la aceptación de la renuncia voluntaria, en relación al respectivo cargo municipal, en los plazos a que se refiere la Ley en cuestión y a más tardar el 31 de marzo del 2015».

La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios seguidos ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, que acogió parcialmente la acción, en actual apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.La Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se […]

“cuando en su concepto se ha terminado un proceso criminal, por fallo firme o por sobreseimiento, sin el verdadero propósito de cumplir con el amparo judicial a que tiene derecho quien lo haya requerido, sino sólo como medio de asegurar una impunidad, o cuando una decisión de condena vulnera, también, garantías fundamentales reconocidas en la Convención Americana, tales decisiones, aunque estén firmes conforme a normas de derecho interno, no producen realmente cosa juzgada”.

idea que surge tras el terremoto del 27 de Febrero del 2010, situación en la que se reveló “una serie de vulnerabilidades y deficiencias tanto en el manejo de las emergencias de grandes magnitudes, así como en el funcionamiento de servicios básicos en estas circunstancias”.

“siendo uno de los objetos de la litis establecer la calidad del camino, no se desvirtuó la presunción de camino público del citado artículo 26 a la que acudieron los sentenciadores. En efecto, no ha sido disputado que el camino está abierto al uso público, que su uso es promovido por el Municipio como vía de acceso a un sitio de interés turístico ampliamente difundido por el mismo órgano comunal, el cual además mantiene estacionamientos en el lugar para facilitar el arribo de los visitantes. Con todo ello, como se advierte, la presunción legal a que se refiere la denominada ley de caminos en su artículo 26 ya aludido, lejos de desvirtuarse, se fortalece.”

Se solicitó un pronunciamiento al Contralor General de la República, acerca de la juridicidad de lo obrado por una SEREMI de transportes, en cuanto a una licitación de plantas de revisiones técnicas, que habría invalidado concesiones otorgadas con anterioridad. Los solicitantes además piden que se suspenda el proceso y se reingresen las resoluciones administrativas.El ente […]

“el recurso en estudio se erige en contra de los hechos de la causa, de tal suerte que para poder arribar a una conclusión favorable a los intereses del recurrente se necesita prescindir de tales supuestos fácticos e instalar los que el recurso sustenta, a saber, en lo medular, que no hubo transmisión de información privilegiada de parte del Sr. Eben Oyanedel a los recurrentes, para lo cual se requiere la denuncia de leyes reguladoras de la prueba que permitan modificar los hechos asentados en la sentencia, lo que no ha ocurrido”.

«resulta improcedente a este Tribunal resolver, en el marco y circunstancias del presente requerimiento, si las normas impugnadas han de producir o no, en la causa que constituye la gestión pendiente, un resultado contrario a la Constitución».

«Los derechos de los militares no siempre tienen el mismo alcance y eficacia que el de otros, siempre que expresamente el constituyente y el legislador hayan previsto diferencias legítimas, objetivas y justificables. Por tanto, partimos de la base del necesario reconocimiento de los derechos fundamentales de los militares, modulando el alcance de algunos de ellos y configurando procedimientos de garantías diversos a los habituales, a objeto de conciliar los derechos de las personas con la condición jerárquica, disciplinada, obediente, no deliberante y profesional de las Fuerzas Armadas».