Lo anterior, por concepto de gratificaciones, asignaciones y viáticos. Además se acogió el amparo respecto de los gastos por cuentas de servicios pagados por éste y su grupo familiar.
Esto habría ocurrido en el contexto de una fuerte campaña por parte de medios de comunicación con la intención de disuadir a las personas de migrar.
El Tribunal declaró disuelta la Fundación Chile Justo y canceló su personalidad jurídica, debido a graves incumplimientos de los estatutos sociales y por no haber dado respuesta a petición de información efectuada por el Ministerio de Justicia.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional presentada por la defensa de 17 ciudadanos cubanos, a quienes al efectuar el trámite para que les otorgaran la condición de refugiados, la Gobernación de Arica les informó que debían realizar la petición por escrito.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al no solicitar la intervención de la Seremi de Salud, como establece la ordenanza municipal.
Luego de determinar infracciones a las disposiciones establecidas en sus RCA, tanto del proyecto Minero Caserones, como de la Línea de Transmisión Eléctrica necesaria para el desarrollo del proyecto.
Entre las mejoras por sector destaca el desempeño de los Gobiernos Regionales. En contraposición, se identificaron bajas importantes en los niveles de cumplimiento de Intendencias Regionales y Gobernaciones Provinciales, hospitales autogestionados y servicios de salud.
«Nada se dice de la situación de otras empresas que, sin prestar servicios de telecomunicaciones y sin ser proveedores de internet, pueden prestar servicios de comunicación y tener acceso a información de contenido y meta-data que podría resultar de utilidad en investigaciones penales de gravedad».
«Nada se dice de la situación de otras empresas que, sin prestar servicios de telecomunicaciones y sin ser proveedores de internet, pueden prestar servicios de comunicación y tener acceso a información de contenido y meta-data que podría resultar de utilidad en investigaciones penales de gravedad».
El máximo Tribunal confirmó la resolución impugnada que estableció falta de servicio del establecimiento al realizar una segunda intervención quirúrgica, para la extracción de dispositivo que no había sido colocado.
