La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de protección, seguidos ante la Corte de Santiago.
Ordenó a la recurrida citar a la recurrente a un peritaje especial para efectos de determinar la concurrencia de los requisitos para justificar el reposo ordenado.
La recurrida debe proceder al recálculo de la pensión del afiliado y a efectuar los reembolsos de las diferencias que se produzcan a su favor.
Los antecedentes no resultan suficientes para dar por establecidas las vulneraciones al debido proceso que alega el recurrente.
PDI actuó en el ejercicio de las facultades que se le otorgan para controlar el ingreso de los extranjeros e impedir que entren personas que no cumplan con los requisitos.
La gestión pendiente incide en autos de recurso de protección, de que conoce la Corte de Temuco, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a ejercer la acción penal de la víctima o querellante.
La apreciación probatoria no es susceptible de ser controlada por la vía de nulidad laboral, por cuanto esta etapa sólo está abocada a revisar los asuntos de derecho, sin modificar el escenario fáctico asentado en la instancia.
El requirente estimó haberse vulnerado el debido proceso, en específico, su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.
