No ha habido un uso legítimo del derecho de propiedad por parte de las recurridas pues debieron incoar las vías judiciales previstas para dilucidar la controversia.
Se alteró la situación de hecho que existía mediante una conducta de autotutela, actuación de facto que es ilegal y arbitraria.
Se le aplicó una sanción de suspensión de ejercicio profesional por 15 días.
La situación descrita constituye uno de los supuestos previstos por la Constitución para la procedencia de la acción de amparo.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El máximo tribunal revocó así el fallo de la Corte de Temuco.
Así, se dejó sin efecto el fallo impugnado, sustituyéndolo a continuación.
La Contraloría General destaca que la expresión «usuario» que emplea el artículo 9° del decreto ley Nº 3.063, de 1979, alude a la persona que se beneficia con el servicio de aseo (aplica dictámenes N° 65.536, de 2011, y 81.446, de 2016).
Confiar la actuación de un principio constitucional a una solución de tipo judicial, cuando la regla que se debería extraer de dicho principio sea incierta y controvertida, podría terminar violando el propio principio de igualdad.
El recurrente estimó vulnerados los derechos a la igualdad ante la ley y a la propiedad.
