Se declaró que la disposición contenida en el numeral 1 del artículo único del proyecto de ley sometido a control de constitucionalidad se encuentra ajustado a la Constitución Política.
La propuesta pretende fortalecer la representatividad de las mujeres en cargos locales de elección popular, con la finalidad de superar el desequilibrio que les impide acceder a tales cargos, de tal suerte de contribuir a su visibilización dentro de la política.
Resultan extensibles los derechos referidos a la protección de la maternidad, entre ellos el fuero maternal, a las servidoras que prestan servicios a honorarios en virtud de un contrato de esa naturaleza.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica, Brahm y Letelier, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
La Magistratura Constitucional colombiana tuteló el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes de la vereda San José de Campo Lajas.
La decisión fue adoptada con la prevención de la Ministra Sandoval.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo deducidos en contra la sentencia que confirmó la sanción por 777,0215 UTM aplicada a la empresa por infracción a la ley general de pesca y acuicultura.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, que condenó a las recurridas por infringir la ley sobre protección de derechos de los consumidores al pago de una multa de 40 UTM, una indemnización total de $12.405.381.
El Tribunal acogió la demanda deducida y ordenó al Fisco pagar a los demandantes la suma de $7.142.428, por concepto de daño emergente, y $100.000.000 por daño moral, a cada uno de los padres de la víctima.
El máximo Tribunal acogió la demanda presentada en contra de Cencosud, tras establecer la responsabilidad del supermercado por faltar a su deber de vigilancia del dependiente agresor, pese a que realizaba funciones de guardia de seguridad bajo régimen de subcontratación y no directamente.
