El requirente estima, que de aplicarse los preceptos impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho de la igualdad ante la ley y el debido proceso. Toda vez que un ciudadano víctima de actos cometidos por agentes públicos, como lo es Carabineros de Chile, deberá someter la satisfacción de sus derechos en un proceso en un proceso ante tribunales distintos, con diversa composición y con normas procesales diversas, cual serían aquellos tribunales que componen la jurisdicción militar, contraviniendo lo ya señalado en reiteradas ocasiones por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando el caso Palamara Iribarne versus Chile.

“exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que la revisión responda a cambios efectivos y verificables de los precios de las prestaciones cubiertas por el plan”, lo cual se justifica tanto por el carácter extraordinario de la facultad de la Isapre como por la particular situación en que se encuentran los afiliados a un plan.

la Ley N° 17.336 sobre propiedad intelectual, «protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina”.

«el Tribunal Constitucional, en sentencia Rol N° 2132-11, de 29 de diciembre de 2011, declaró inconstitucional el artículo transitorio que sometía a un acuerdo del concejo municipal la instalación de los nuevos juzgados de policía local, por considerar que no es posible someter a una decisión de ese cuerpo colegiado la instalación de un tribunal de justicia, debiendo efectuarse exclusivamente por ley».

El precepto legal impugnado dispone: “La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana, de servicios interurbanos de transportes de pasajeros y del que se desempeñe a bordo de ferrocarriles, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva […]

“que consignada la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la alegación esencial del recurso, esto es, la falta de aplicación del estatuto de la responsabilidad extracontractual basada en la falta de servicio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en su carácter de órgano de la Administración del Estado, al negarse a incorporar al actor a su planta, pugna con los hechos asentados por los jueces».

la RAE, ha sido la principal detractora de la utilización del lenguaje de género, fundamentando que “este lenguaje quita claridad y elegancia a los textos normativos, propugnando la utilización genérica del denominado género no marcado, es decir del género masculino”.

«no cabe duda que en la tradición constitucional occidental, la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, se originaron primero en relación a la libertad de prensa y, ulteriormente, fue incluyendo otros medios de comunicación social, a medida que se desarrollaban tecnológicamente como soportes diversos de las opiniones e informaciones en flujo social, dentro del concepto genérico de libertad de expresión, que a su vez alcanza incluso a otras manifestaciones de las personas».

«se constituye la corporación Educacional Universidad del Mar, donde atendida su naturaleza jurídica, esta Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse respecto a la situación que se denuncia, toda vez que el control preventivo de juridicidad y supervisión que por mandato constitucional y legal realiza este Ente Fiscalizador, se circunscribe a los organismos de la Administración del Estado, lo que no acontece en la especie, con la referida casa de estudios superiores».

“no significan que el recurrido haya representado lo que determinadamente se le ha ordenado, sino que involucra la pretensión de aclarar el tenor de lo decretado, atendida la inconsistencia con los registros que por ley Gendarmería debe levantar” y que justifican dicha actuación.