“si bien en el presente caso el ejecutante invoca como título ejecutivo la resolución de 3 de marzo del año 2000, que tuvo por reconocidas las firmas y confesada la deuda, debe tenerse en consideración que al deducir la presente acción ejecutiva la demandante manifestó expresamente que la deuda que persigue es la contenida en el pagaré que indica, el Nº 27/1991, de manera que la obligación concreta que se cobra en estos autos se encuentra debidamente identificada en tal instrumento”.

“la solicitud de una medida prejudicial no importa la interposición de una acción”

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 389, parte final, del Código Procesal Penal, donde señala “en cuanto se adecuen a su brevedad y simpleza”, a propósito de las normas supletorias aplicables al juicio simplificado.La gestión pendiente invocada incide en un proceso penal por cohecho sustanciado ante un Juzgado de Garantía de Colina.La Primera […]

«condicionar el beneficio de la sustitución de la detención intramuros por la domiciliaria, al examen de la personalidad del imputado o acusado mayor de 65 años, no es una manifestación del derecho penal de autor, por cuanto: a) no implica la criminalización de la condición personal; b) el análisis de las condiciones personales es imprescindible en el juicio de suficiencia que se realiza para establecer si la detención domiciliaria garantiza los fines de las medidas de aseguramiento; c) el examen de la personalidad se extiende únicamente a aquellas facetas y aspectos que tienen repercusión directa y concreta en el cumplimiento de tales finalidades; y d) el análisis de la personalidad es compatible con las particularidades de la detención domiciliaria».

«el agua tiene el carácter de bien nacional de uso público, reconocimiento que consta únicamente a nivel legal, en el Código Civil y en el Código de Aguas, sin tener consagración a nivel constitucional”.

«la norma en cuestión, según la historia fidedigna de la ley, se estableció con el objeto de nivelar las rentas de los docentes públicos que vieron disminuidas sus remuneraciones al pasar los establecimientos a la administración de las municipalidades, en virtud del DFL 13.063, de 1980, y no con el fin de regular la situación de los docentes pertenecientes a establecimientos particulares subvencionados».

“corresponde que el conflicto sea conocido por los tribunales ordinarios de justicia, y atendida la materia correspondía que conocieran de ella como ha ocurrido en la especie, los Juzgados de Letras en lo Civil”.

“es aplicable a la reclamante desde que su finalidad es evitar la ocurrencia de accidentes en los lugares en los que ejercen sus labores los trabajadores, sin importar si éstos son de la empresa dueña del recinto o de otra”.

“indudablemente conlleva la omisión de una estipulación de un plazo, puesto que las partes han acordado que se cobrará la deuda en cualquier momento”

la demandada “se conformó con la decisión de la instancia en orden a la existencia de los requisitos que la hacían responsable de los daños causados a la actora, manteniendo sólo la controversia respecto al monto de la indemnización que debía otorgarse por el daño moral causado”