La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda; ambas de la Cámara de Diputados.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada.
Concluye el fallo expresando que, del espíritu de las normas que regulan el instituto procesal que se comenta resulta que su inteligencia es imponer una sanción procesal con motivo de la real inactividad de las partes interesadas en el litigio.
El TC español concluye sosteniendo que el legislador andaluz ha aumentado la capacidad de intervención autonómica en sustitución de los entes locales.
Concluye el fallo expresando que se uniforma la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Hernández Emparanza, quien estuvo por no acoger a trámite el requerimiento.
El Consejo concluye considerando que lo solicitado necesariamente obra en poder del organismo reclamado.
Se interpuso un reclamo ante la Contraloría General de la República, en contra de la Municipalidad de La Reina, quien revocó una patente de alcoholes sin contar con el acuerdo del concejo.
La CGR concluye señalando que las Inspecciones del Trabajo y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, están facultadas para ejercer su labor fiscalizadora en los recintos asistenciales de las FFAA y de Carabineros de Chile.
Corresponde ahora que parlamentarios y Ejecutivo presenten sus indicaciones al proyecto de ley hasta el próximo 21 de agosto.
