La sentencia fue adoptada con el voto en contra de los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado.
Se dedujo amparo de acceso a la información pública en contra de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), fundado en la entrega parcial de la información relativa a datos estadísticos sobre el proceso de expulsión de migrantes entre los años 2009 y 2014.
De otro lado, una mayoría de siete votos comprometió su apoyo al Ministro Aróstica por los 2 años siguientes en el mismo cargo, que comenzará a fines de agosto de 2017.
Corresponde ahora que el informe de la Comisión Mixta sea analizado y votado, primero por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados.
El evento se realizará a partir de miércoles 12 de agosto, en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó sentencia, pero elevó a $8.000.000 (ocho millones de pesos) el monto por concepto de daño moral.
Concluye agregando así el fallo que dicho acto es arbitrario ya que los recurrentes son los únicos propietarios del Edificio Portal Fernández Concha que se encuentran con decreto de demolición parcial.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre delito de tráfico ilícito de drogas de que conoce el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz.
Corresponde ahora que la moción sea analizada en particular por la Comisión de Salud del Senado.
Admitida a tramitación, el Tercer Tribunal Ambiental, solicitó al reclamado que informe sobre la materia requerida dentro del plazo de 10 días.
