Esta Corte rechaza tajantemente que los habitantes de Colombia vivan en un país donde sus instituciones penitenciarias no permitan que las personas antes de morir estén si quiera cerca de sus familiares como una manera de aliviar y sentirse acompañadas en ese momento tan definitivo de la vida como es la muerte.

Uso malicioso de imágenes, copyright en materia estudiantil, identificación biométrica de la identidad de las personas, son algunos de los riesgos que estaría presentando el uso de la Inteligencia Artificial y que se están regulando en Irlanda.

La iniciativa, que busca garantizar el acceso a la justicia a quienes no cuentan con los medios para contar con la defensa de un profesional, fue remitida a la Comisión de Constitución.

La posibilidad de ausentarse del trabajo para participar en las consultas electorales, mediante la concesión a los trabajadores de un permiso retribuido, se configura como un acto de ejecución de un derecho fundamental. La importancia que el derecho de sufragio tiene en el sistema democrático justifica que los poderes públicos traten de favorecer la participación de quienes tienen mayores dificultades para votar.

El ex parlamentario busca eliminar un reportaje del programa “fallos históricos” del Poder Judicial, que informa acerca de su condena criminal en el año 2005, para ello apela al derecho al olvido y haber cumplido su condena, por lo que -en su opinión- el video impugnado no hace más que perpetuar una imagen negativa de su persona en el resto de la sociedad.

Al existir una investigación criminal en curso, no se vislumbra como arbitraria o ilegal la actuación del ente persecutor y la policía, debido a que no se puede devolver el teléfono móvil al actor en razón de la complejidad de la investigación y las pericias pendientes.

El recurrente acusó un “apriete gremial” por denunciar a un gendarme que lesionó a un reo, lo que devino en una orden de su superior alterando sus labores de forma injustificada y sin posibilidad de replicar. No obstante, la magistratura estimó que la orden impartida obedece a la generalidad de los casos en los cuerpos castrenses, para dar continuidad a sus fines, y que la acción cautelar no es la vía idónea para revertir una instrucción de este tipo.

El marco legal moldavo existente no cumple con el deber del Estado (“obligación positiva”) de establecer y aplicar efectivamente un sistema que brinde protección a las personas con discapacidad intelectual en general, y a los niños privados del cuidado de sus padres en particular, contra graves violaciones de su integridad, en contravención del artículo 3 del Convenio.

La recurrida estimó la calificación de incapacidad laboral del actor en un 55%, y el recurrente dedujo reposición para impugnar aquel porcentaje. No obstante, al rechazar la reposición, la Comisión Médica Central redujo la calificación a un 14% sin ninguna argumentación, ni motivación fundada que sostuviera aquella disminución; vulnerando de esta forma la igualdad ante la ley el de debido proceso.

La magistratura hizo notar que los integrantes de las filas policiales, al momento de ingresar a la institución, aceptan que pueden ser movilizados para servir en cualquier lugar del territorio nacional; por lo tanto, las necesidades personales y familiares no priman sobre las necesidades propias del funcionamiento de la actividad policial.