El recurso de apelación no sitúa al Tribunal ad quem en la misma posición en que se hallaba el órgano de instancia.
El recurrente de protección señaló que la declaración de extemporaneidad de su reclamo por la Contraloría era ilegal, por cuanto, al verse afectada su remuneración con el término anticipado de su contrata, el plazo aplicable era uno más extenso, argumento que fue desechado por la Corte.
La conducta que subyace al arresto del acusado y las inspecciones relacionadas fueron involuntarias, no deliberados y reflejaron un error honesto acerca de si la gabapentina era una sustancia controlada; el oficial que lo arrestó trató de respetar los derechos del recurrente en todo momento y no mostró una ceguera voluntaria o un flagrante desprecio por su persona.
La divulgación de la información es trascendental para efectos de generar confianza pública ante la ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que consagró la de primera instancia que acogió la denuncia.
El proyecto también permite facultar al Presidente para utilizar una atribución de manera extraordinaria para el resguardo de determinadas áreas de las zonas fronterizas del país, de manera temporal y especialmente limitada, y con atribuciones y deberes específicos.
El 10 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo N° 41 de 21 de abril de 2022 que aprobó el reglamento sobre cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves.
La sentencia rechazó cada una de las alegaciones de los reclamantes asociadas a un eventual emplazamiento de dicho humedal fuera del límite urbano; la proporcionalidad de la declaratoria; la debida fundamentación de la resolución que declaró el humedal; la posible vulneración al derecho de propiedad; y una eventual infracción al artículo 8, número III, literal b) del Reglamento de Humedales Urbanos.
No se aprecian irregularidades en la publicación del órgano público. La Ley 18.575 le impone a los órganos de la Administración del Estado la obligación de rendir una cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.
Requirente señala que normas vulneran la Igualdad ante la Ley, los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, además de constituir una sanción injusta, gravosa, arbitraria y que afecta el Debido Proceso.
