Corresponde al Juez de Garantía ponderar si los antecedentes que aparecen en el proceso tienen la entidad suficiente para presumir la inimputabilidad del inculpado.

La potestad conferida a la Policía para acciones de “prevención” resulta desproporcionada, pues no existe prueba de la idoneidad de la medida, ni certeza de que el acceso de la autoridad a circuitos de vigilancia y seguridad privados a fin de ejecutar acciones de “prevención” –que la propia ley se abstiene de definir, precisar y acotar– contribuya a disminuir las conductas delictivas.

La pérdida de confianza por motivos políticos sobrepasa los márgenes de lo que ha de considerarse discriminatorio para efectos de presentar una acción de tutela, pues se trata de empleos que la ley excluye de la carrera funcionaria, y no existe para tales trabajadores la expectativa de permanecer en el cargo por la mera consideración de su desempeño.

Si el despido es declarado improcedente, el demandado pierde la facultad de descontar el aporte, en razón de los artículos 161 y 168 del Código del Trabajo, y el artículo 13 de la Ley N°19.728.

De los antecedentes acompañados por la nación trasandina, se desprende que el delito imputado se encuentra prescrito en nuestro país, ya que fue presuntamente cometido entre los meses de julio a agosto del 2014, excediendo el plazo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal.

Bolivia tiene la voluntad de continuar cooperando con Chile con miras a garantizar a cada Parte un uso equitativo y razonable del Silala y sus aguas. Por lo tanto, se invita a las Partes a tener en cuenta la necesidad de realizar consultas de manera continua con un espíritu de cooperación, a fin de garantizar el respeto de sus respectivos derechos y la protección y preservación del Silala y su medio ambiente.

El requirente alegó que los artículos 208 y 506 del Código del Trabajo al no establecer criterios o parámetros objetivos para la determinación del quantum de la multa, infringen los principios de proporcionalidad y legalidad.

El hospital recurrido señaló que la cirugía no era recomendada, por cuanto no garantizaba una mejoría en la salud de la paciente y no podía realizarse mientras esta última estuviera con trastornos emocionales.

En primera instancia, el Juez no dio lugar a la denuncia interpuesta por el SERNAC, aduciendo que ese Servicio sólo tenía potestad para defender los intereses generales de los consumidores, lo que no se daba en el caso, por tratarse de una sola persona afectada.

El Juzgado de Letras resolvió, con el sólo mérito de los antecedentes acompañados al escrito de oposición, dar término al procedimiento monitorio, debiendo el demandante accionar según las reglas generales.