El máximo Tribunal confirmó la decisión de los jueces de segundo grado, y desestimó la acción de precario, al observar que la demandada posee un antecedente jurídico que habilita la tenencia del inmueble, por lo tanto, la ocupación no era ignorada por el actor, pues el anterior dueño del predio es su hermano, actual cónyuge de la demandada.

La iniciativa se promueve a partir del caso de una joven brutalmente asesinada cuyas imágenes y la de su cadáver fueron filtradas por agentes de seguridad que intervinieron en la escena del crimen. Se propone castigar al hechor funcionario público que divulgue imágenes de mujeres y menores de edad asesinados con una pena de hasta 15 años de cárcel, y si es un particular a 18 años, además del pago de una multa de 9.000 dólares.

Atendida las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, por cuanto su personal deberá garantizar y mantener el orden y la seguridad pública interior.

La Ley N°20.027 prevalece por su carácter particular respecto de las normas generales en materia de concurso establecidas en la Ley N°20.720. El máximo Tribunal hizo suyas las palabras de Alessandri; “(…) sería absurdo hacer prevaler una ley general sobre una particular, dado que una ley particular supone un estudio expreso en cuanto a la materia que viene a regir; de ahí también que resulte lógica la primacía que se le acuerda a la ley especial”.

La donación invocada como título de dominio requiere la existencia de un «animus donandi», cuya prueba corresponde a quien la alega, y como se ha dicho el mero hecho de la inscripción en un registro de animales no prueba per se y a falta de otros datos su existencia, sobre todo porque existen elementos y datos que desvirtúan dicha única prueba indiciaria.

Los agentes policiales recibieron una denuncia anónima que individualizaba completamente al acusado, acudiendo a su trabajo para detenerlo y llevarlo posteriormente a su domicilio para incautar la droga, sin una lectura previa de los derechos que le asistían, como no autoincriminarse y que podía contar con la asistencia de un abogado.

Se impone a Aduanas la obligación de presentar denuncia o querella en casos de delitos de contrabando.

No obstante, la infracción del Reglamento no conlleva necesariamente daños y perjuicios, y debe existir una relación de causalidad entre la infracción en cuestión y los daños y perjuicios sufridos para fundamentar un derecho a indemnización.

La Cámara aprobó tres solicitudes de resoluciones que plantean mejoras al sistema de salud público. Junto al examen para detectar el cáncer de próstata, también se pide crear centros de atención a menores neurodiversos y aumentar el número de geriatras en el sistema público.

Este acuerdo marca un hito crucial en la conservación de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales y subraya el compromiso del país con la gestión responsable de nuestros ecosistemas marinos.