El máximo Tribunal compartió la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda contra la Corfo, como responsable de concesionar la promoción y preservación del patrimonio cultural e histórico de la comuna carbonífera.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco al mantener la supuesta deuda en el boletín comercial.

El actor alegó que con la entrega de la información se incumplirían cláusulas de confidencialidad firmadas con el fabricante del medicamento, argumento que fue rechazado por la Corte, por cuanto las normas sobre transparencia están por sobre estipulaciones contractuales.

El problema que se genera en estos tipos de robos, es el peligro a que están expuestos los trabajadores, tanto de mineras como del transporte de estos productos, pues se ven enfrentados a bandas violentas y fuertemente armadas.

El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar presentada por residentes de los condominios San Marcos y Desiertos Floridos, tras establecer que la pasividad del municipio recurrido vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y, consecuentemente, a la vida e integridad física y psíquica de los recurrentes.

Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 20º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción y le ordenó a las demandadas pagar una indemnización total de $5.371.285 por concepto de gastos médicos y daño moral.

El Tribunal de alzada rechazó la acción impetrada por considerar que las conductas que se atribuyen a Mulet Martínez no revisten la responsabilidad penal atribuida y que los antecedentes aportados por el ente persecutor resultaron insuficientes para privarlo del fuero que lo resguarda.

Por medio de una resolución, se requiere al Ejecutivo instruir a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile o la institución que corresponda llevar a cabo este tipo de acciones, junto con elevar los estándares para su funcionamiento.

A través de la presentación de un proyecto de acuerdo que será sometido a consideración de la Sala, un grupo de senadoras y senadores fundamentó las bases y acciones concretas que debiera tener una tarea de esta envergadura.