La libertad de expresión protege no solo la sustancia de las ideas y la información expresada, sino también la forma en que se transmiten. En consecuencia, incluso si la conducta del solicitante pudiera haber justificado una intervención de las autoridades, estas deben haber sabido que la sanción privativa de libertad se estaba aplicando en el contexto del ejercicio de una libertad fundamental.

La ofensa al bien jurídico consiste, en este caso, en una puesta en peligro de dicho bien y el peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en un juicio de probabilidad que un determinado bien pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión, en los hechos, no se produzca.

No hace imposible en la práctica o excesivamente difícil la preservación del efecto útil del procedimiento de remisión una norma nacional que permite que, entre la fecha en que se plantea una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y aquella en que este responda, continúe el procedimiento principal para realizar determinadas actuaciones procesales.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la caja al actuar extrajudicialmente, tras haber demandado al recurrente, dando origen a un proceso que se tramita ante el 5º Juzgado Civil de Santiago.

El juez o jueza podrá ordenar la retención de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión. El tribunal tiene un plazo de cinco días hábiles para resolver.

La empresa adeudaba el pago de 298 horas extras las que no fueron consideradas como parte de la base de cálculo en la remuneración de la demandante para el pago de las obligaciones de la seguridad social, generando de esta forma una deuda previsional, que permite la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo.

La Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió un caso relacionado con identidad de género y libertad religiosa, negándose a ordenar el cambio de nombre e identidad de género en los registros sacramentales.

En China se reportó el primer caso de detención por la utilización de la inteligencia artificial para la difusión de noticias falsas o “deepfakes”. Por este hecho, el detenido podría arriesgar una pena de cárcel que ascendería a cinco años.

No cabe duda que se está sometiendo al inculpado a una situación anómala, toda vez que, por hechos ya contenidos en la formalización de 2 de marzo de 2021 pero ahora revestidos de una nueva calificación jurídica, se pretende renovar la persecución penal sin que se hayan aportado nuevos antecedentes, refiere el voto en contra.

No se ha condenado a la acusada dos veces por un mismo hecho, por cuanto no es posible estimar que la posesión de las municiones se encuentre subsumida dentro del porte de arma prohibida.