«el carácter reservado o secreto de un asunto no es algo en sí mismo perverso, reprochable o susceptible de sospecha. La Constitución contempla la posibilidad de que la ley directamente o la Administración, sobre la base de ciertas causales legales específicas, declare algo como secreto o reservado. Esto no va contra la Constitución».

“no habiendo existido ilegalidad ni arbitrariedad en las actuaciones del Intendente recurrido que deban y puedan ser subsanadas mediante las facultades que el conocimiento de esta acción otorga a esta Corte, la acción deducida no podrá prosperar, toda vez que ésta garantiza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República cuando éstos sean vulnerados –privados, perturbados o amenazados- mediante actuaciones positivas o abstenciones que sean ilegales o arbitrarias”.

«se advierte que si bien existe identidad en cuanto a la persona imputada, no puede decirse lo mismo en relación a los hechos materia de los procesos, ni hay constancia siquiera que haya recaído sentencia de término en el juicio que sirve de base a la cosa juzgada que se reclama, pues lo único que se ha esgrimido es la indicada resolución del tribunal de alzada cuya naturaleza difiere de la que exige la alegación de que se trata”.

“la sanción a la falta de congruencia tiene en su raíz la garantía que el mencionado principio significa para los litigantes y el límite que supone para el juez, otorgando seguridad y certeza a las partes al precaver una posible arbitrariedad judicial. Por lo mismo, constituye un presupuesto de la garantía del justo y racional procedimiento, que da contenido al derecho a ser oído o a la debida audiencia de ley”.

“la obligación de señalizar adecuadamente las vías públicas que consagra para el municipio el artículo 26 letra c) de la Ley N° 18.695 comprende también la de señalizar toda calle, camino u otro lugar destinado al tránsito, entendido éste como el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público».

El TC admitió a trámite dos requerimientos en los que se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, lo dispuesto en los artículos 2, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 y 28 del Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución […]

“resulta útil dejar consignado que la gestión de solicitud de extradición pasiva no constituye propiamente un juicio, pues no persigue acreditar la existencia del delito y determinar la persona del delincuente para imponerle una pena o absolverlo, sino que consiste en un mero “procedimiento” destinado a establecer la concurrencia de los requisitos que la hacen procedente, en lo relativo al sujeto extraditable, al delito y a la naturaleza y extensión de la sanción aplicable”.

«la actora arguye como principal alegación de inconstitucionalidad la afectación en su esencia de su derecho de propiedad, no justifica cómo se produciría dicha infracción, existiendo la pertinente y correlativa indemnización, cuya procedencia está establecida, entre varias otras normas legales, en el precepto que impugna, y cuyo monto, en caso de desacuerdo, debe ser determinado por la justicia ordinaria, en el marco de la gestión judicial pendiente en que incide el presente requerimiento».

«la iniciativa nace con el objeto de proteger a los adultos mayores que se encuentran vulnerables ante engaños de inescrupulosos o por caucionar obligaciones contraídas por terceros».

“el demandante solicitó el pago de daños patrimoniales únicamente como peticiones subsidiarias, las que fueron rechazadas por la sentencia, de manera que al otorgar el fallo también el pago de tales daños al resolver la petición indemnizatoria principal incurre en el vicio de nulidad formal de ultrapetita”