El Tribunal estableció el derecho a «reparación íntegra» de las familias por el homicidio calificado de las víctimas de Chihuio, descartando de paso la prescripción de la acción civil, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, delito contemplado en los tratados internacionales ratificados por Chile.

La requirente estima que el precepto impugnado vulnera el debido proceso.

El dictamen instruye a la corporación edilicia que tendrá que adoptar las medidas que en derecho correspondan.

El recurrente estimó vulnerado el derecho de propiedad.

El fallo señaló que es imperioso aplicar al caso aquí traído aquel principio rector en lo que a la garantía de la defensa en juicio y al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas se refiere.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral, seguidos ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por recurso de apelación.

Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El recurrente estimó vulnerada la igualdad ante la ley, ya que el actuar del recurrido no se justifica ni fundamenta.

La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ordinario de cobro de pesos, seguidos ante el 15° Juzgado Civil de Santiago.

El solo hecho de caminar por una calle caracterizada por su criminalidad no puede constituir un indicio de que se está cometiendo o se está a disposición de cometer un delito.