“que, viniendo fijados como hechos de la causa que el demandado es poseedor inscrito -reputado dueño- del Lote B individualizado en su título y definido su emplazamiento por medio de la prueba rendida en autos…»
La Corte de Antofagasta acogió el recurso, mas la Corte Suprema en alzada revocó el fallo, rechazado el recurso constitucional.
“el presente proyecto de ley tiene por objeto regular una situación que en la práctica ha demostrado dificultar de un modo claro el voto de personas con ciertas discapacidades físicas, tales como adultos mayores o personas que viven en una condición que requiere de sillas de ruedas u otros elementos de ayuda”.
En dicho contexto, fue aprobada en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, por lo que ahora corresponde que sea sometida al pronunciamiento de la Sala –con probabilidad antes del 18 de septiembre-, como indicó la Senadora Alvear.
«Esta discrepancia también la presentaba la solicitud del recurrente, pero en nada influye en lo que se resolverá, puesto que el plazo de mayor extensión también estaba expirado al momento de dictarse el Decreto Municipal objeto de estos autos”.
En este aspecto deberá señalarse de que arbitrario es aquello que no es razonado y es producto del mero capricho de quien incurre en él.
“Dos días después, el cuerpo del detenido se encuentra por terceros sin vida en el sector de La Pirámide del cerro San Cristóbal con dos heridas de bala una cráneo encefálica sin salida de proyectil y otra abdominal con salida de proyectil”.
“en cuanto a la disconformidad con la valoración otorgada a su trabajo”, a la CGR le corresponde “revisar las evaluaciones”, solamente respecto a la “posible existencia de arbitrariedades o vicios de legalidad que pudieran presentarse en sus diferentes etapas y no sobre las apreciaciones técnicas, idoneidad o eficiencia en el desempeño”.
…precisar el término “domicilio electoral”, toda vez que en la actualidad la Constitución habla de “residencia” de los candidatos y dicha ambigüedad ha derivado en abusos a la hora de inscribir a los postulantes al Congreso, quienes con el sólo requisito de una declaración jurada ante notario, «certifican» su residencia, pero no el vínculo real y objetivo con el territorio al cual pretenden representar
“que despejado como está que era necesario que la reclamante contara con permiso municipal para iniciar los trabajos, sólo resta analizar si la prohibición de los mismos hasta no contar con aquél se ajusta a la normativa vigente».
