“Toda sentencia definitiva que acoja la controversia, queja o reclamación del consumidor deberá condenar al proveedor a pagar las costas del arbitraje, determinando los honorarios del abogado o del apoderado habilitado del consumidor según el arancel del Colegio de Abogados de Chile. En cambio, sólo la sentencia definitiva que rechace la controversia, queja o reclamación por haberse acogido la excepción de cosa juzgada interpuesta por el proveedor, podrá condenar al consumidor a pagar los honorarios del árbitro financiero establecidos en el arancel señalado en el inciso sexto del artículo 56 A».

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil.La gestión pendiente en que incide el requerimiento recae en un procedimiento ordinario sobre nulidad absoluta de contratos y reivindicación, actualmente tramitándose ante la Corte de Apelaciones de Santiago, proceso en el cual, la parte demandada alegó […]

TC ordenó poner el presente requerimiento en conocimiento del señor Presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados, enviándoles copia del mismo, del escrito, y de la respectiva resolución, para que, en su calidad de órganos constitucionales interesados, dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha de la comunicación, formulen las observaciones y presenten los antecedentes que estimen pertinentes, luego de lo cual, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El TC admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna los artículos 207, letra b) de la Ley N° 18.290 y, 39 y 40 de la Ley N° 18.287.La gestión pendiente en que incide el requerimiento recae en un procedimiento por acumulación de infracciones a la Ley de Tránsito, seguida ante el Juez del […]

“debe colegirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil que si el actor estimaba que la existencia de un delito había de ser el fundamento preciso de la sentencia civil o que tuviera en ella influencia notoria, debía igualmente accionar civilmente dentro del plazo de prescripción contado desde la ocurrencia del hecho ilícito y solicitar la suspensión del procedimiento o tramitación de la causa hasta la terminación del proceso criminal”.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 456 bis, numeral 3°, del Código Penal.El precepto legal impugnado dispone que: “En los delitos de robo y hurto serán circunstancias agravantes las siguientes: 3° Ser dos o más los malhechores;”.La gestión pendiente invocada es una acción de revisión de sentencia penal, recaída en una condena por […]

“no se observa que los jueces del fondo hayan alterado la carga de la prueba. Por el contrario, la actora fue quien probó el hecho constitutivo de la falta de servicio municipal”.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso 4º del artículo 171 del Código Tributario.La gestión pendiente invocada recae en un incidente de nulidad por falta de emplazamiento en contra del Servicio de Tesorerías, en el marco de un juicio de cobro de obligaciones tributarias. En este proceso, los requirentes han deducido recursos de casación […]

“el presente recurso al denunciar como infringidas normas que califica como reguladoras de la prueba, no señala que conforme a dicha infracción los hechos establecidos sean erróneos; por el contrario, éste discurre sobre la base de los mismos hechos establecidos por los jueces de grado”

“no puede implicar el avocarse a una cuestión que se encuentre al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el Código del Trabajo, y no es una materia que deba ser resuelta exclusivamente por la judicatura especial que conoce de estos asuntos, sin perjuicio de la empresa recurrente de reclamar ante ella, instancia en la que podrá rendir pruebas de las circunstancias de hecho así como finalmente interpretar la legislación del ramo”.