La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
La Magistratura Constitucional colombiana tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Blanco, quien estuvo por rechazar el recurso interpuesto.
Los manuales de convivencia son instrumentos para regular la convivencia escolar, y no códigos penales para vigilar y castigar.
La Corte de Chillán señala que la eliminación de una anotación marginal no dice relación con la existencia de un derecho indubitado y afectaría a terceros que no son parte del arbitrio.
El recurrente señaló haberse vulnerado la libertad de trabajo, por cuanto la recurrida le ha impedido ejercer su trabajo.
La DGA no señala el perjuicio efectivo que se produciría en los derechos de terceros.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a ejercer la acción penal de la víctima/querellante.
La gestión pendiente incide en autos sobre tutela laboral, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Vallenar.
El defecto de que adolece la sentencia recurrida, ha privado a las partes de conocer los fundamentos de la decisión adoptada.
