Estos sentenciadores no logran advertir algún tipo de vulneración a las garantías constitucionales invocadas, ya que de ellas no es posible desprender un contenido denostativo en contra de su persona.

El acusado permanecía en la vía pública, y al observar que se acercaban los Carabineros se escondió rápidamente en la parte trasera de una camioneta, hecho que llamó la atención de los agentes, que al controlar su identidad incautaron marihuana y cocaína dosificada y lista para la venta.

El delito de apropiación indebida sólo puede tener lugar cuando se realiza un acto de dominio, exteriorizándose el propósito de autor o «animus rem sibi habiendi», mutando (el ejercicio de dichos actos) la inicial posesión legítima en actos de dominio ilícitos.

El sobreseimiento fue rechazado al concluir el juez de garantía que la acusación fue presentada dentro del plazo que establece el Código Procesal Penal, decisión que además es impugnable por otra vía, por lo que no puede entenderse afectada la libertad del amparado.

Al no aplicar la norma de carácter general contemplada en el artículo 104 del Código Penal, la sentenciadora del fondo ha incurrido en un error de derecho, al aplicar en forma incorrecta el artículo 196 de la Ley del Tránsito e imponer la pena accesoria de suspensión de la licencia de conductor por el término de cinco años, y no por dos años.

Se trata de una medida que se decreta en forma paralela al sumario y que, por ende, no es parte de su tramitación, por lo que puede adoptarse aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, sin perjuicio de que se confirme la baja o se deje sin efecto.

Se reclamó de la negativa del Conservador de Bienes Raíces de Temuco a inscribir la compraventa de dos oficinas ubicadas en la ciudad, por no individualizar correctamente la superficie y precio de cada unidad por separado. El actor argumentó que la venta de varios lotes “como uno solo” era común respecto de predios rústico, por lo que debía aplicarse el mismo criterio en cuanto a los inmuebles urbanos.

El Registro Civil no sólo desatiende las reglas lógicas que propenden a una interpretación armónica de la normativa relacionada con la omisión de antecedentes penales, manteniendo las anotaciones descritas en la hoja de vida del conductor del recurrente, sino que además genera obstáculos para su reinserción social.

No se vislumbra alguna afectación ilegal al derecho a la libertad personal y seguridad individual del artículo 19 número 7 de la Constitución, toda vez que las alegaciones fundantes del amparo no se han hecho valer en el tribunal que actualmente conoce la causa, señala el voto en contra.

Al interpretar el Convenio de La Haya de 1980, la autoridad judicial desconoció el interés superior del niño y el enfoque de género. En concreto, no verificó la excepción de peligro grave o situación intolerable para el menor de edad a pesar de los indicios de violencia de género en contra de su progenitora.