“si bien no han eliminado la necesidad de la fiscalización y de la aplicación de instrumentos de regulación directa para el desarrollo de la política ambiental”, pero si “han logrado avances en la descontaminación y en el uso adecuado de los recursos naturales, facilitando la acción del Estado”.
“se recogen planteamientos presentados en las audiencias públicas y que apuntan a tres materias: aumentar el margen de las sanciones para quienes cometen delitos en el marco de desórdenes públicos y siempre y cuando se den en una situación de violencia o fuerza; mantener los mismos criterios establecidos hoy en el Código Penal frente a la obstrucción de los servicios de emergencia; y crear la figura de saqueo”.
Lo anterior resulta en una falta de deferencia hacia determinados sectores de la población que requerirían un tratamiento específico, como los adultos mayores, lo cual no se condice con las recientes políticas públicas de apoyo hacia este sector.
“la sentencia acierta en que debió instruirse para su acreditación una investigación sumaria o sumario administrativo, sin que se haya afirmado por los jueces del grado que mientras ello sucediese no podía desvincularse al demandante de sus funciones y sólo hace presente que si esa era la situación el camino a seguir era el que contempla la ley para este tipo de casos”.
“Las modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, a que dé lugar la presente reforma, deberán dictarse en el plazo de un año contado desde la publicación en el Diario Oficial de esta reforma”.
“nuestra legislación en la materia es escasa, ya que sólo se contempla a nivel reglamentario”, esto es, “en el Decreto 686, de 2 de agosto de 1999 que establece la norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica”.
“el castigo aplicado a los afectados carece de legitimidad en atención a que las referidas autoridades, al proceder como lo hicieron han pasado a constituir una “comisión especial”, cuya finalidad ha sido aplicar una sanción desproporcionada sólo a algunos alumnos del establecimiento”.
“criterio jurisprudencial constituye fuente del derecho y como tal integra el denominado bloque de la legalidad, siendo obligatoria para el ente contralor”.
Se dedujo un requerimiento de de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 13, 64 N° 2 y 67 del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.El primero de los preceptos, dispone: “Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de […]
“lo que se votó hoy no es el número de diputados, sino el retiro de dicho número en la Constitución, para poder discutir libremente qué sistema electoral quiere Chile”.
