En la audiencia de procedimiento simplificado (causa el magistrado Diego Reyes López acogió la solicitud del Ministerio Público al considerar que Gutiérrez Gálvez ha demorado o dificultado su comparecencia judicial.

El Tribunal estableció que el actuar de la demandada constituye un atentado a la libertad sindical de los trabajadores, por lo que la condenó al pago de una multa equivalente a 100 UTM, en beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El Tribunal estableció que en la especie, no se encuentra probada la necesidad “urgente e imperiosa” de despedir a las trabajadoras, debido a la baja en las ventas y el cierre de locales.

Las normas objetadas obligan a que se presten servicios mínimos y se establezcan equipos de emergencia, sin hacer distinción del tipo de empresa o de las consecuencias que podría traer aparejada una eventual huelga, tal como lo exige la OIT.

Salvo que se acredite la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

La medida se decretó debido a que el abogado del demandado no se pudo individualizar por audio y, por encontrarse en fase 3, no hay razones para realizar la audiencia por medios telemáticos si las partes no tienen las condiciones técnicas.

Cuando un sujeto desconoce si puede o no ser infractor de la Ley de Seguridad del Estado (lo cual reviste singular gravedad atendida la amplia penalidad), no es posible afirmar que tal preceptiva cumpla con la exigencia de la previsibilidad, de que la conducta esté completamente descrita en la ley.

Existió un error de hecho al imponerse una sanción por una obligación que la reclamante no tiene.

La joven y sus padres han sido informados sobre la importancia de la transfusión de sangre dentro del tratamiento de la leucemia y las consecuencias de no llevarlo a cabo, pero ellos han manifestado su decisión libre y fundada en sus creencias religiosas de no recibir dichas transfusiones de sangre.

El dictamen de expulsión se basó en la mera noticia de la autoridad policial, antecedente insuficiente para fundar la decisión de expulsión.