Las diputadas y diputados resaltan en la resolución que el ordenamiento jurídico chileno ha experimentado una importante evolución en los últimos años en materia de igualdad. A su vez, reconocen que la actual legislación presenta varias limitaciones de aplicación práctica.

La iniciativa debe volver a la Comisión de Seguridad Pública y a la de Constitución para su estudio en particular. Se fijó plazo el 1 de junio para presentar indicaciones.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el Quinto Juzgado Civil de Santiago, con declaración que se incrementa el monto reparatorio a una cifra más condigna al daño infligido.

El rol del Estado en la entrega de bienes sociales ha sido fruto de intensos debates entre los comisionados. Mientras la oposición intenta resguardar la libertad de elección entre servicios públicos o privados, el oficialismo defiende el robustecimiento del aparato estatal y la expansión de sus labores.

El requirente alega que al extenderse y beneficiarse a personas jurídicas cesionarias de créditos laborales con los reajustes e intereses aplicables a las de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otra suma que los empleadores adeudaren a los trabajadores, se vulneran sus garantías constitucionales.

La Corte de Apelaciones aumentó la multa impuesta en primera instancia, tras estimarla insuficiente atendida la naturaleza de la infracción legal y que no había certeza de que tales contravenciones habían sido subsanadas.

El máximo Tribunal estimó que la información de la hoja de vida del funcionario castrense, puede ser utilizada por un analista para determinar el perfil de los agentes de inteligencia y contrainteligencia de la FACH, situación que amenaza la seguridad de la nación, y es una causal suficiente de secreto.

La relación de causalidad entre la falta absoluta de información a la paciente y privación de su derecho a decidir la forma de dar a luz con la hipoxia padecida por el menor y las gravísimas e irreversibles secuelas padecidas por el mismo, aparece clara desde el momento en que de forma extemporánea los propios facultativos acabaron por decidir y practicar tal cesárea.

El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.

Tras su primera aprobación, ocurrida en 2021, se generó un intenso debate entre aquellos que apoyaban la despenalización de la eutanasia y los sectores más conservadores que se oponían a ella, entre ellos el presidente de Portugal. Si bien en el pasado la ley fue vetada en dos ocasiones por el gobierno, en esta oportunidad anunció que no se opondrá a ella, pues, en atención al quórum obtenido, la Constitución Política lo impide.