“la prueba destinada a acreditar que el ejecutado carecía de otros bienes suficientes –fuera de la especie prendada- para satisfacer íntegramente las acreencias de primera clase, gravitaba sobre la parte que invocó esa clase de derechos”, quien no suministró antecedentes suficientes e idóneos sobre el punto en cuestión.

“cualquier dificultad que se suscite entre el asegurado, el contratante o el beneficiario, según corresponda, y el asegurador, sea en relación con la validez o ineficacia del contrato de seguro, o con motivo de la interpretación o aplicación de sus condiciones generales o particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una indemnización reclamada al amparo del mismo, será resuelta por un árbitro arbitrador, nombrado de común acuerdo por las partes cuando surja la disputa”, pero si no existe acuerdo, “será designado por la justicia ordinaria y, en tal caso, el árbitro tendrá las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo dictar sentencia conforme a derecho”

el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es una norma reguladora de la prueba, “por cuanto ella consagra reglas que no disponen parámetros fijos de apreciación que obliguen en uno u otro sentido a los jueces de la instancia, siendo éstos soberanos en la valoración de la prueba testimonial”.

«efectúa un trato diferenciado, al prohibir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas del país, excepto cuando los solicitantes sean pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas o comunidades indígenas, es decir, respecto de estos sectores, se privilegia por sobre los demás sin justificación alguna, sobre todo si los requisitos exigidos por la ley N° 20.017, se referían a una característica del objeto pedido, y no a una característica de los solicitantes, a diferencia de lo que ocurre con la Ley N° 20.411, que si lo hace».

El precepto legal en la parte impugnada ordena “dictar en el plazo de los tres días subsiguientes” la sentencia.La gestión pendiente invocada incide en autos sobre denuncia de obra nueva minera de que conoce el Juzgado de Letras de Pozo Almonte.El requirente estima que de aplicarse la norma reprochada se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre […]

En días pasados, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó -en general- el proyecto de ley, iniciado por moción, que pretende elevar sanciones en caso de conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias sicotrópicas con resultado de lesión o muerte. En la instancia, la precitada Comisión también aprobó en […]

“la buena vecindad, en el ánimo de ser constructivos, no pasa por la vía de modificaciones intermitentes de límites, sino por la permanente apertura económica, comercial y de inmigraciones entre los países”, lo que “permiten generar un nuevo clima de confianza mutua y colaboración”.

la Cámara de Diputados propuso y el Senado aprobó la designación de los abogado y profesores de Derecho Constitucional, don Gonzalo García Pino (es renovado en su cargo) y don Juan José Romero (reemplaza al ex Ministro Marcelo Venegas). Finalmente, enfatiza en que hace apenas una semana, fueron nombrados como Ministros del TC por el Presidente de la República, a la abogada doña María Luisa Brahm Barril (reemplaza al ministro Viera-Gallo) y al abogado y profesor de Derecho Administrativo a don Iván Aróstica Maldonado (es renovado en su cargo).

«la regulación contenida en el artículo 206 del Código Civil no resulta idónea al objetivo de que se pueda investigar libremente la paternidad, que se propuso el legislador, pues con miras a resguardar la paz y armonía familiar de los herederos del supuesto padre o madre, termina anulando el derecho a conocer la identidad personal para quienes se encuentran fuera de los supuestos de la norma impugnada: los hijos cuyo padre o madre fallece después de los ciento ochenta días siguientes al parto y aquellos que se enteran de la identidad de su progenitor y pretenden ejercer la acción de reclamación respectiva después de los tres años contados desde su muerte o desde que hayan alcanzado la plena capacidad».

“la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en error de derecho al determinar que las acciones entabladas son improcedentes. En atención a lo concluido, resulta inoficioso analizar la denuncia de infracción de disposiciones legales atinentes a la prescripción de la acción de nulidad relativa”.