El Tribunal castrense aplicó, además, a Espinoza Silva la accesoria legal de separación del servicio militar y el pago de una multa de 10 UTM, por el hurto.
El máximo Tribunal estableció que la información solicitada tiene el carácter de reservada por ley al afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional.
Para acceder, los internos deben cumplir una serie de exigencias, que se encuentran establecidos en el Decreto Ley N° 321 de 1925.
El Tribunal acogió la demanda presentada y condenó en costas a las empresas de transporte marítimo, por su responsabilidad por la pérdida de embarque de 4.860 cajas de cerezas frescas, las que fueron trasportadas en contendor con problemas de refrigeración.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial deducida y ordenó su inmediato reintegro con todos los derechos laborales.
La Sala de la Cámara ratificó en forma unánime las modificaciones del Senado al texto planteado en el primer trámite por los diputados.
La iniciativa define a las nuevas Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) y establece que tanto ellas como sus prestaciones serán calificados como servicios de transporte remunerado de pasajeros.
Amnistía asegura que este sistema viola derechos fundamentales en una sociedad libre y democrática, y representa un retroceso significativo del Estado chileno en materia de derechos humanos.
A pesar que la legislación australiana sobre bienes y servicios digitales se ha desarrollado en observación de las recomendaciones de la Ocde, a comienzos de 2015 un grupo de autoridades calculó la gran cantidad de ingresos que se obtendrían por gravar a dichas actividades comerciales situadas en el ciberespacio.
El requirente estima que el precepto impugnado vulnera el derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.
